«Este es el rumbo y hay que alinearse». El ultraderechista Javier Milei quiere hacer valer su victoria en las elecciones capitalinas. Después de desactivar el organismo que debía investigarlo por el «criptogate» y que no llegó a ninguna conclusión sobre la estafa con el activo digital, el presidente emitió un decreto de necesidad y urgencia que limita el derecho a huelga consagrado por la Carta Magna. La decisión provocó el inmediato rechazo del movimiento obrero. El decreto del anarco capitalista apunta especialmente a evitar el impacto de las protestas en las actividades consideradas esenciales, que deben garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50% y el 75% en caso de entrar en conflicto. Se trata de los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y la distribución de medicamentos, la producción, distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles, así como el servicio de energía eléctrica. El decreto afecta también a las comunicaciones, los puertos y aeropuertos, en todas sus actividades, la aduana y el comercio exterior, la educación en sus niveles primario y secundario.
Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, expresó su rechazo a la normativa. «Se prohíbe hacer huelgas», señalo. «La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, sólo consideraba esencial los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población».
La legisladora de izquierdas, Vanina Biasi, pidió a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que convoquen a una huelga general para frenar al Gobierno. La CGT, que es la central más poderosa de este país, ha realizado tres medidas de fuerza de esa naturaleza, de impacto relativo: ninguno de sus reclamos fueron atendidos por las autoridades, convencidas de que el poder del sindicalismo se ha reducido sustancialmente a partir de la gran informalidad del empleo. Milei está convencido de que existen las condiciones para cambiar de manera radical las reglas de juego que imperaron en las últimas ocho décadas. Durante la reciente campaña electoral llamó a sus seguidores a colocar «el último clavo del ataúd del kirchnerismo». Si bien fomentar la animadversión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le permite mantener un núcleo duro de votantes, la decisión de limitar el derecho a la huelga apunta a poner fin a las reglas de juego que se instituyeron con Juan Domingo Perón, especialmente a partir de 1945.
Ofensiva general
Como parte de este reordenamiento político, el Gobierno se prepara para absorber a las formaciones de la derecha tradicional de cara a los comicios parlamentarios de octubre. El dólar barato, que favorece el turismo y el consumo internacional de la clase media, y el relativo control de la inflación, son sus cartas hasta ahora ganadoras. Elexpresidente Mauricio Macri es el gran derrotado en esta jugada de Milei. «Él, que perdió, me tiene que llamar a mí», dijo, sobre los resultados del pasado domingo. La euforia de la ultraderecha se manifiesta en la reincidencia de un video realizado con inteligencia artificial en el que Macri le rinde pleitesía a Milei y anuncia que abandona la política. En uno similar, publicado horas antes de la contienda en las redes sociales, el magnate llamaba a votar por Manuel Adorni y no su candidata, Silvia Lospennato. Macri expresó su indignación y el anarco capitalista lo tachó de «llorón». Los vídeos son realizados por las llamadas milicias digitales que responden Santiago Caputo, el «asesor» presidencial que controla los servicios de inteligencia y otras áreas sensibles del Estado. La utilización del ‘deep fake’ en una campaña electoral y la política supone un punto de corte de las reglas de juego consensuadas tras la recuperación democrática de 1983. Milei le restó importante a estos episodios y defendió la libertad absoluta en las redes sociales. «¿Saben la cantidad de autores que han escrito obras con pseudónimos porque sino los mataban? Eso es cercenar la libertad de expresión».
Como parte de este movimiento de transformaciones radicales, el Gobierno anunció el desguace de Secretaría de Derechos Humanos que fue vital en los últimos años en la instalación de los temas de verdad y memoria de lo ocurrido durante la última dictadura. El organismo también jugaba su papel en el marco de los juicios contra los represores. A partir de ahora será una subsecretaría que tendrá un 40% menos de presupuesto. A su vez, se reducirá el 30% la plantilla. A la par, el Ejecutivo decidió recortar de manera significativa el presupuesto destinado a la cultura.
