El teléfono de Emergencias 112 recibió un total de 145 llamadas alertando de problemas relacionados con el barranco del Poyo durante la dana del 29 de octubre en Valencia. El pico de llamadas se produjo «a partir de las 16 horas: un total de 112 llamadas realizadas una hora antes de que se convocara el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia. Si se tiene en cuenta que desde las 12.15 horas la Generalitat Valenciana había decretado la alerta hidrológica en el barranco del Poyo (por un ascenso de caudal que después descendió) un total de 125 llamadas alertaban de la situación que se estaba produciendo desde la mañana en el barranco del Poyo, según alerta un informe de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), que ejerce la acusación popular.
En el informe que aportaron martes este a la causa de la dana el sindicato Fetap-CGT detecta 357 fallos e incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de los responsables autonómicos durante los días previos y especialmente el 29 de octubre de 2024, el día D de la dana que dejó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. A partir de los informes que ha aportado a la causa la Conselleria de Emergencias o de información oficial accesible en fuenes abiertas.
Entre otros detalles menos conocidos hasta ahora, el informe desliza que la consejera de Emergencias, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, «sólo hacían seguimiento a ayuntamientos de su partido [el PP]» hasta las 15 horas (tras cruzar las llamadas y gestiones facilitadas por ambos a la causa) y que «a las 19.30 horas del 29-O la Generalitat aún no había dado instrucciones directas a los municipios de la provincia de València», siempre según el análisis realizado por la Fetap-CGT aportado a la causa. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa, ha encargado un informe similar, en forma de cronología, sobre las decisiones y eventos registrados el 29 de octubre.
Otros incumplimientos sobre los que incide el sindicato Fetap-CGT se refieren al «retraso en acudir al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana del director del Plan de Emergencias, -en situación 0 y 1- Emilio Argüeso, hasta las 12.26 horas». A lo que se añade que «luego decide hacer una visita a Carlet, por lo que no se convoca el Cecopi hasta su llegada a las 17.00 horas, más de hora y media de retraso». Un detalle que provocó, como inciden todas las cronologías, en que el 29-O siempre se fue por detrás de los acontecimientos.
Aunque el perito del sindicato que suscribe el informe, Sergio Álvarez Hombría, también considera que los 6 avisos meteorológicos que emitió Emergencias a partir de la información de la Aemet fueron «inexactos, se minimizaron las precipitaciones y no se dieron instrucciones precisas del seguimiento de los cauces«. También hubo tres avisos para las cuencas del río Magro, el Xúquer y el barranco del Poyo pero donde Emergencias «no daba más que instrucciones genéricas para que la población no se acercara a los cauces, pero ninguna mención a que se activen los planes PAM (plan de actuación municipal) o PTM (plan territorial municipal)». Incluso cuando la Emergencia se detectaba, como fue el caso de Requena-Utiel y la Ribera Alta «no se constituyeron dos puestos de mando avanzados al encontrarse en situación 1 de Emergencia tanto la Ribera Alta como Utiel-Requena».
El sindicato también achaca a «la falta de dirección, mando y planificación del director del Plan (Argüeso en las primeras horas y Pradas cuando pasó a nivel 2), impidió la constitución de los Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local) de un total de 129 municipios en la provincia de Valencia con riesgo de inundación alto y medio: solamente se constituyeron dos: Valencia y Algemesí, lo que supone 127 infracciones, porque el director del plan tiene la potestad de requerir la constitución de esos Cecopal». Además, añaden, a partir de datos obtenidos del Plan especial de inundaciones (PEI), los municipios con riesgo alto o medio deben tener un PAM (Plan de actuación municipal de inundación) y debería haber constituido su Cecopal y, de no ser así, haberlo requerido el director/a del Plan Especial de Inundaciones (en referencia a Argüeso o Pradas)».
Otro punto sobre el que sí ha informado Levante-EMV y detectado por el sindicato es que «no se hizo un seguimiento de la situación de los puntos fijos de pluviometría ni de los cauces, ni de los incidentes, cortes de carreteras y llamadas del 112. Las llamadas del barranco del Poyo hasta las 18.00 horas suponen 145 infracciones, aunque en realidad fueron muchas más, con el agravante que se producían en zonas con riesgo bajo de inundación. A ello hay que sumar 35 puntos fijos sobre los que no se realizó su seguimiento como el total de 41 carreteras cortadas o con incidencias, de las que destaca la A-3 a su paso por Chiva».
Por último, consideran que los dos Es Alert enviados el 29-O eran «erróneos en su concepto y tardíos» para alertar «a las 517.485 personas que tenía riesgo de inundaciones en la provincia de Valencia».
