Se trata de una escenificación, no se sabe muy bien para qué público, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez finge que la oficialidad del catalán en la Unión Europea está a punto de conseguirse, mientras que Carles Puigdemont finge que le cree. Sánchez necesita el apoyo de Junts para sacar adelante cualquier votación y el expresidente catalán exige desde el inicio de la legislatura el reconocimiento del catalán como «pago adelantado», pero no quiere una ruptura total aunque el Gobierno no haya cumplido.
Lo cierto es que tanto Sánchez como Puigdemont son conscientes de que esta iniciativa genera un rechazo muy fuerte en un gran número de Estados miembros y que la unanimidad necesaria para sacarla adelante está muy lejos de alcanzarse.
Así se ha puesto de relieve una vez más durante la reunión de embajadores celebrada este miércoles para preparar el Consejo de Asuntos Generales del próximo 27 de mayo, en la que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pretende que el reconocimiento del catalán se someta a votación tras casi dos años de debates.
En el encuentro, «muchos países» han reiterado sus reservas sobre la petición española y han pedido más información sobre su impacto legal y financiero, así como un análisis escrito de los servicios jurídicos del Consejo. En una intervención oral, los juristas han vuelto a plantear sus dudas sobre la compatibilidad del reconocimiento del catalán con los Tratados, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.
Durante el debate, el representante español ha argumentado que la situación de las lenguas cooficiales españolas es única y no servirá de precedente para otros casos. Este es el principal miedo del resto de los socios, que temen que el reconocimiento del catalán abra la caja de Pandora y genere una avalancha de reclamaciones por parte de otras lenguas regionales y minoritarias europeas, como es el caso del ruso en los países bálticos. Un problema que se agravaría cuando se produzca la entrada en la UE de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes.
El Gobierno ha reiterado además a sus socios que asumirá íntegramente los costes del catalán, el euskera y el gallego (que Bruselas cifra en 132 millones al año), lo que supondría un trato desigual en comparación al resto de lenguas oficiales de la UE, que se pagan con el presupuesto de la UE.
Por su parte, la Comisión Europea ha dicho que está dispuesta a realizar una evaluación más detallada sobre los costes. Aunque han trascurrido casi dos años desde que Albares presentó su petición sobre el catalán, todavía no se han elaborado ninguno de los informes de impacto solicitados por los Estados miembros con más dudas. De hecho, el Ejecutivo comunitario ni siquiera ha recibido una petición oficial.
En la anterior discusión a nivel técnico que tuvo lugar la semana pasada, una decena de países (entre ellos los bálticos, Bulgaria o República Checa, pero también Italia, Alemania o incluso Francia) se opusieron abiertamente a la petición de Sánchez o cuanto menos señalaron su escepticismo. Sólo Portugal y Bélgica apoyaron a España.
«Mucha presión»
En la reunión de embajadores de este miércoles, los países más críticos han hablado menos y han rebajado el tono. Diferentes delegaciones han indicado a este periódico que el departamento de Albares está ejerciendo «mucha presión» sobre el resto de socios europeos para tratar de sacar adelante el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales españolas.
De hecho, pese a esta falta de avances, el Gobierno de Sánchez insiste en llevar a votación la oficialidad del catalán en el Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo. «Ese punto, a petición española, va para adopción al Consejo de Asuntos Generales. Llevamos ya mucho tiempo trabajando con todos los Estados miembros para esa unanimidad y seguimos haciéndolo», dijo el ministro de Exteriores este martes en Bruselas.
Todas las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL consideran «muy difícil» o «bastante improbable» que se pueda alcanzar este consenso de aquí a la semana que viene. De hecho, la hipótesis que se maneja en Bruselas es que el Gobierno de Sánchez pedirá en el último momento que no se vote y que sea únicamente un punto de discusión. Es lo mismo que ya hizo en septiembre de 2023, la primera vez que el reconocimiento del catalán se abordó en el Consejo de Asuntos Generales. Un voto negativo supondría tumbar definitivamente la iniciativa, mientras que de la otra forma se puede mantener en respiración asistida de forma indefinida.
