Tras la victoria electoral de la ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno dio por terminado el funcionamiento la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado por instrucción de Javier Milei para determinar las responsabilidades del presidente en el «criptogate». La creación de la UTI provocó de inmediato escepticismo. La UTI, según se explicó al momento de su creación, tenía que funcionar «en la órbita» del jefe del Ejecutivo. Milei, dijeron distintos opositores, iba a investigarse a sí mismo. Ahora, el decreto de disolución lleva la firma del mandatario y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sostiene que «La información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal». Si bien la información oficial dice que el efímero organismo ha cumplido «la tarea encomendada», su desempeño ha sido en estos meses una verdadera incógnita.
La UTI debía «requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional», así como «estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores». Tenía también que «gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial», así como «convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones». Al mismo tiempo, tenía la potestad para «denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados». Nada de eso hizo ni se sabe sobre sus conclusiones acerca de $LIBRA, el activo digital que Milei promovió festivamente para luego borrar sus comentarios en X y tratar de despegarse de lo que ha sido calificado de lo que ha sido calificado de estafa virtual.
El fin de la UTI coincide con la decisión de la juez federal María Servini de Cubría de ordenar el levantamiento del secreto bancario del presidente y su poderosa hermana, Karina Milei. La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por tres meses en lo que respecta a los bienes de otros tres involucrados en la causa, el empresario Mauricio Novelli, exempleador de Milei, antes de lanzarse a la política, Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y el empresario Manuel Terrones Godoy. La disposición de la magistrada alcanza a la madre y hermana de Novelli después que se supiera que habían vaciado sus cajas de seguridad cuando apenas había estallado el «criptogate».
Un tribunal norteamericano se encuentra en la etapa de recolección de pruebas para avanzar en la posible apertura de una causa contra los protagonistas del timo a partir de una demanda colectiva de damnificados. Se lo acusa a Milei de haber realizado una «promoción engañosa» del activo digital. A la par, una Comisión Investigadora creada en la cámara de Diputados para dilucidar el escándalo intenta con muchas dificultades avanzar en su cometido.
Reacciones
El caso $LIBRA provocó en principio un impacto negativo en la imagen presidencial. Sin embargo, no privó a la ultraderecha de vencer en las elecciones capitalinas y saldar a su favor la disputa entre Milei y el expresidente Mauricio Macri por el liderazgo total del espectro político conservador.
«¿Qué están ocultando? Ya presentamos el pedido de acceso a la información pública para que expliquen los resultados de la actividad de la UTI. Lo de $LIBRA no ha terminado», dijo el diputado opositor Juan Marino. «Hay que rechazar que paralicen la Comisión Investigadora en el Congreso».
Su colega de la centrista Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro consideró que el Gobierno «hace lo posible para impedir el esclarecimiento de los hechos». La UTI tuvo a su criterio un carácter fantasmal. «Ni el Congreso ni, mucho menos, la sociedad argentina, hemos visto informe alguno con los resultados de su trabajo». A Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, no le ha llamado la atención lo ocurrido. Milei, aseguró, es «un estafador» y «nunca quiso investigar nada» porque es clara «la participación del presidente y funcionarios» en el «criptogate»
