El Pleno del Senado se ha mostrado este martes a favor de tramitar una iniciativa del PP que propone una reforma de la ley electoral para excluir a los terroristas no arrepentidos de las listas electorales.
Con su mayoría absoluta, el Partido Popular logrará en la votación de este miércoles activar la tramitación de esta proposición de ley que ya fue rechazada por el pleno del Congreso -donde el Gobierno y sus socios tienen mayoría- en octubre del año pasado y que el presidente del PP propuso en 2023, tras presentar EH Bildu a miembros de ETA en sus papeletas electorales.
En su iniciativa, el PP propone modificar la Ley del Régimen Electoral General, la LOREG, para que sean inelegibles aquellas personas que hayan cumplido pena por terrorismo y que no acrediten documentalmente su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas y el compromiso de colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes pendientes de resolver.
Además, el PP pide que estén también obligados a acreditar que han satisfecho «la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas».
Todos estos documentos acreditativos se presentarían junto al escrito de presentación de candidaturas, y correspondería al Gobierno comprobar que ninguno de los candidatos sean inelegibles, por dos motivos concretos: estar inhabilitados tras una condena por rebelión, terrorismo o delitos contra la administración pública o las instituciones, o ser condenados por terrorismo que no se han arrepentido.
La senadora popular María José Pardo ha explicado que con esta iniciativa quieren evitar «a toda costa» que ocurra lo que ya pasó en anteriores comicios, a los que Bildu concurrió llevando en sus listas electorales a 44 personas condenadas por terrorismo, siete de ellas con delitos de sangre.
«Al Gobierno le importa más mantenerse en el poder que el dolor de las víctimas y sus familias», ha denunciado Pardo, que cree que un partido «que lleva asesinos en sus listas» tendría que haber sido ilegalizado, de no ser por un Gobierno «plegado a los intereses de quienes quieren destruir a España».
Desde el PSOE, el senador José María Oleaga ha criticado la iniciativa por sus «errores» técnicos y ha recordado al PP que en un sistema constitucional como el español se juzgan hechos y no opiniones ni valoraciones morales o éticas, ni son posibles las sanciones retroactivas.
Vox, por su parte, quiere más exclusiones en las listas electorales y que tampoco puedan presentarse los prófugos por delitos de rebelión, sedición o terrorismo al considerar una «burla» que pueda concurrir en una lista quien elude la Justicia, como Carles Puigdemont.
El PNV considera que esta propuesta no tiene encaje constitucional y pone en riesgo el derecho a la participación política y, pese a criticar que una organización política integre a un terrorista no arrepentido en sus listas, tacha de «barbaridad democrática» que se prive a alguien del derecho pasivo por no haber cubierto una deuda civil, algo no contemplado en las condenas.
En sentido contrario al que propone el PP, Junts ha pedido derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no se suspenda el ejercicio del cargo público a quienes estén en prisión provisional.
