La investigadora principal del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, alerta de que el plan de rearme de la Unión Europea, dotado de 800.000 euros, debe ser más eficiente con el objetivo de gastar con más criterio y superar la división entre los países comunitarios. El informe cuestiona la eficacia del plan ‘ReArm Europe’, sostiene que beneficia a aquellos países que han pospuesto el refuerzo de sus capacidades militares como España y penaliza a aquellos que han hecho un esfuerzo presupuestario en este aspecto y subraya que se deben superar «los parches nacionales». «Rearmar Europa no es sólo gastar más, sino gastar mejor y juntos», valora.
El informe publicado la semana pasada, coincidiendo con la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) en Madrid, apunta que los grandes países de la UE como España e Italia incumplen el objetivo de destinar al menos el 2% del PIB a defensa, Bélgica incumple el objetivo de que el 20% del gasto militar sea en equipamiento y si la próxima cumbre de la OTAN del 24 y 25 de junio se decide elevar el objetivo por encima del 2%, otros países como Francia, Alemania y Países Bajos estarán bajo presión.
«A ello se suma un desequilibrio estructural: las grandes economías como Italia y España, llamadas a desempeñar un papel central en el refuerzo de la defensa europea, se encuentran limitadas por elevados niveles de deuda pública, mientras que los países del norte y este de Europa, aunque más comprometidos con el gasto en defensa, carecen de tamaño suficiente para sostener un esfuerzo colectivo a escala», argumenta la economista y consejera independiente del Banco de España.
Croacia (1,8%), Portugal (1,5%), Italia (1,5%), Luxemburgo (1,3%), Bélgica (1,3%), Eslovenia (1,3%) y España (1,3%) son los países de la UE que todavía están lejos de llegar al 2% del PIB en Defensa. Es decir, siete países de los 27 no cumplen con el mandato de la OTAN, que espera que sus socios lleguen al 5% en 2032, la cifra que exige Estados Unidos. Según los últimos datos de la Alianza publicados a finales de abril, España destinó al gasto militar el 1,24% de su producto interior bruto en 2024, lo que la situó como el país de la OTAN que menos proporción de su PIB invirtió en armamento.
Ese 5% que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene en la diana y deslizó el pasado viernes que España alcanzará en los próximos implicaría dedicar cerca de 80.000 millones de euros anuales, dado que el PIB español ronda los 1,6 billones. Para poner la cifra en contexto, España no alcanza ese porcentaje ni siquiera en educación —que incluye colegios y universidades de todas las administraciones—, situado en torno al 4,7% del PIB.
«La contribución potencial de países como Italia y España al fortalecimiento de las capacidades de defensa de la OTAN y la UE es significativamente mayor debido a su peso económico, demográfico y militar. Un aumento del gasto militar en Italia o España, incluso si no alcanza el 2% del PIB, genera un volumen absoluto de recursos (tropas, equipos, infraestructura) que supera con creces lo que países más pequeños pueden aportar», indica Arnal.
A esto se suma que tanto Italia como España presentan niveles de deuda pública por encima del 100% del PIB, en concreto el primero cuenta con una deuda sobre el PIB del 134,6% y del 101,8% en el caso español. «Su margen para aumentar sustancialmente el gasto en defensa es, por tanto, muy reducido, incluso en un entorno de tipos estables o a la baja», añade el informe.
Cada país mira por sí mismo
El rearme europeo cuenta con unos recursos de 650.000 millones para gastar en los próximos cuatro años y se basa en cinco pilares: la flexibilización de las normas fiscales para permitir un mayor gasto en defensa sin incumplir las restricciones presupuestarias de la UE, crear un nuevo instrumento de préstamos de 150.000 millones de euros para financiar proyectos estratégicos de defensa, redirigir fondos de la UE hacia inversiones militares, ampliar el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para apoyar a la industria de defensa y movilizar capital privado a través de la Unión de los Mercados de Capitales para financiar proyectos relacionados con la seguridad.
Una de las conclusiones a las que llega la investigadora principal de Elcano, que muchos de los profesionales del sector presentes en Feindef comentaban en privado, es la fragmentación del sector de la Defensa: cada país mira por sí mismo y favorece a sus proveedores nacionales con el argumento de disponer de autonomía estratégica, incluso en detrimento de la eficiencia financiera. «Sin una planificación supranacional, los Estados compiten entre sí para proteger sus campeones nacionales en lugar de integrarlos en un ecosistema europeo más competitivo y resiliente», arguye.
Arnal concluye que la financiación de la Defensa como bien público debería basarse en la mutualización europea, como sucedió con los Fondos NextGeneration ligados a la crisis del coronavirus. Esta es la tesis que defiende el Gobierno de España, pero esto implica unanimidad entre los Estados miembros y la ratificación parlamentaria en cada país. Asimismo, en 2027 los países deberán devolver los préstamos de los fondos europeos. El ‘plan B’ que desliza el informe es que se reutilice el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que está pensado para crisis económicas, transformándolo en un instrumento capaz de financiar inversiones estratégicas comunes en Defensa y la exclusión del cálculo del déficit las inversiones en el sector siempre que se cumplan criterios comunitarios.
