A la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) no le gusta que el Gobierno central vaya a regular la comida que se ofrece a los pacientes ingresados en los hospitales y en las residencias de mayores. La patronal de la dependencia -que representa a 1.800 centros residenciales con 126.000 plazas- ha expresado este lunes «su más enérgica oposición al anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición» de las comidas que se sirven en estos centros.
«Imponer menús desde un despacho, sin dialogar con los profesionales del sector, es una decisión alejada de la práctica real, una falta de respeto hacia el trabajo de miles de centros que ya garantizan una alimentación adecuada, personalizada y de calidad, y un intento de crear una alarma ficticia e injustificada que no se corresponde con la realidad del servicio que se presta en las residencias», indica la FED en un comunicado.
Alimentación digna
Siguiendo la estela del real decreto de comedores escolares, que fue aprobado hace justo un mes por el Consejo de Ministros y fija unas frecuencias mínimas de verduras, frutas y pescados frescos en los menús de los centros educativos, limitando las frituras, los precocinados y las bebidas azucaradas, Bustinduy, ha anunciado que su departamento, junto con el Ministerio de Sanidad, elaborará un nuevo real decreto destinado a garantizar que los menús de hospitales y geriátricos ofrecen «una alimentación digna, saludable y nutritiva», dado que en estos centros viven, de forma temporal o intemporal, personas enfermas, dependientes o con necesidades especiales.
La normativa, ha argumentado Bustinduy, responde a un «clamor social» y a las numerosas denuncias recibidas tanto por parte de los ciudadanos como de las entidades sociales y de colectivos de profesionales, sobre la calidad de los alimentos que se sirven en hospitales y residencias de ancianos. Tras aprobar el decreto de comedores, ha ejemplificado, su departamento recibió «muchas demandas» destinadas a que se acometa una regulación parecida en estos espacios donde, en ocasiones, «la alimentación no está a la altura de los cuidados» que necesitan las personas vulnerables.
Sin consulta previa
La patronal muestra su rechazo. Se quejan de que la medida ha sido comunicada «sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector» y considera «profundamente preocupante que desde el Ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas».
Además, critican la creación de una «alarma ficticia e injustificada» en torno a esos menús que, defienden, «no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes».
Restricciones
Por otra parte, opinan que la restricción del uso de determinados productos (citan los congelados) evidencian «un gran desconocimiento técnico. Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario. Se trata, por tanto, de una opción profesional y responsable, no de una carencia en la calidad del servicio».
«No se puede legislar a golpe de decreto desde un despacho en Madrid sobre cómo deben comer decenas de miles de personas en miles de centros distintos, sin siquiera haber preguntado a los profesionales, nutricionistas y responsables de cocina que llevan años trabajando por ofrecer una alimentación equilibrada, variada y personalizada«, enfatizan.
«La imposición de menús estandarizados no solo es una medida injusta y técnicamente discutible, sino que puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros». Finalmente, la Federación Empresarial de la Dependencia reclama al Ministerio de Derechos Sociales que «retire de inmediato» cualquier intento de regulación unilateral sobre los menús.
