El insuficiente número de inspectores de educación en la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los principales lastres de este colectivo de funcionarios que funcionan como los ojos de la Administración en los colegios e institutos y que entre sus cometidos más importantes figura mediar ante casos de acoso escolar y problemas de salud mental. A pesar del crecimiento en el número de alumnos y centros desde 2010, la plantilla de inspectores permanece en 130 puestos, sin variación alguna en los últimos quince años.
Según los datos presentados por la Unión Sindical de Inspectores de la Comunidad Valenciana (USIE), la ratio de alumnos por inspector ha aumentado un 23% en la región. Esto supone que en la actualidad hay un inspector para 7.569 alumnos aproximadamente. Esto significa que cada inspector supervisa ahora a aproximadamente 1.416 alumnos más que hace una década, lo que está mermando la calidad y la eficiencia de su trabajo.
Cada inspector supervisa ahora a aproximadamente 1.416 alumnos más que hace una década
Asimismo, la ratio de centros por inspector ha experimentado un incremento aún mayor, con un aumento del 84%, pasando de 20 centros para un solo profesional en 2010 a casi 37 en 2022, lo que está dificultando una supervisión exhaustiva y efectiva de los colegios e institutos que tienen a su cargo. Y es que la Comunidad cuenta ahora con aproximadamente 4.800 centros educativos, frente a los 2.600 de 2010.
Esto también ha repercutido en el número de docentes que tienen asignados los inspectores. De 400 por funcionario, hace quince años, a 653, según la estadística de 2022.
Alicante, la provincia más tensionada
Con 40 inspectores, Alicante es, según el sindicato, la provincia más tensionada y donde la sobrecarga de trabajo de estos funcionarios es mucho mayor como consecuencia de la elevada matrícula sobrevenida (escolarización fuera de plazo) a causa de la inmigración tanto en la capital, como en la zona de costa. De ahí que el sector haya advertido del impacto negativo que tiene en la calidad del sistema educativo.
Alumnos, en una clase de Primaria de un colegio de Alicante en el inicio de este curso. | PILAR CORTÉS / PILAR CORTÉS
Raúl Ramírez, presidente de USIE Comunitat Valenciana, subrayó públicamente durante las últimas jornadas organizadas por el sindicato en Benidorm que «la plantilla de inspectores no ha aumentado en más de una década, a pesar del incremento en la carga de trabajo y en las responsabilidades». Además, recordó el estancamiento de la plantilla genera una sobrecarga laboral que afecta la calidad del control y la profesionalización del colectivo.
Elevada burocracia
Tanto es así que fuentes educativas afirman que la elevada burocracia a la que tienen que hacer frente está restando a los inspectores el 70 % de su tiempo, por lo que no tienen capacidad para abarcarlo todo.
Y esto está ocurriendo mientras advierten de que los problemas de conducta en los centros están al alza, «no podemos supervisar en condiciones el resultado académico de los alumnos, ni sentarnos con el equipo directivo para mejorar los procesos, ni realizar labores de asesoramiento ni de apoyo como toca», explican.
Los funcionarios urgen más medios, menos carga burocrática y formación en inteligencia artificial
De hecho, las mismas fuentes apuntan a que los inspectores tienen que realizar fuera de su horario expedientes disciplinarios porque no les queda tiempo durante su jornada laboral.
Por ello, este colectivo de profesionales ha planteado colaborar con la Conselleria de Educación en la elaboración de un «plan de racionalización de las cargas burocráticas y funciones administrativas que han sobrecargado a la inspección educativa, para que estas no obstaculicen la tarea esencial del cuerpo, que no es otra que garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de toda la comunidad educativa», señala Ramírez.
Un aula de un colegio de Alicante, en imagen de archivo / Pilar Cortés
El colectivo también ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar el decreto que regula la inspección, así como de dotar a los inspectores de las herramientas tecnológicas necesarias, como la inteligencia artificial, para optimizar su trabajo, sobre todo, esas tareas mecánicas y burocráticas que absorben buena parte de su tiempo, con tal de poder afrontar los retos del sistema educativo actual.
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