La regularización de más de 500.000 migrantes podría ser un hecho en las próximas semanas. El PSOE ha reactivado en los últimos días la negociación con el resto de grupos políticos para tramitar finalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas migrantes que se encuentran en España sin papeles.
Los socialistas mantuvieron el jueves y viernes de la semana pasada conversaciones telefónicas con varios partidos, excepto Vox -que está en contra-, para retomar la negociación de esta ILP, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada en la Cámara Baja.
Según informa Efe, fuentes socialistas confirman que ya hay luz verde para avanzar en esta cuestión. Además, el dirigente de Sumar, Gerardo Pisarello, de la cuota de los comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, ha revelado este lunes que el PSOE ha «rectificado» y se ha abierto a aceptar esta ILP.
«Por una cuestión de justicia y porque ninguna persona puede ser considerada ilegal, es hora de sacar adelante esta reforma sin desnaturalizarla y reconocer que en realidad no debería haberse frenado nunca», ha asegurado Pisarello en rueda de prensa.
Hay que recordar que todos los grupos del Congreso, menos Vox, apoyaron en abril del año pasado la toma en consideración de la iniciativa. Posteriormente, la Mesa del Congreso desbloqueó en septiembre la tramitación parlamentaria de la ILP, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se habían venido sucediendo semana tras semana durante meses. El siguiente paso era debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación. Si bien, este proceso estaba estancado. Hasta ahora.
La ILP contempla regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar presentaron en septiembre una enmienda conjunta a la iniciativa para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar de la fecha que recoge el texto original.
Cabe destacar que esta iniciativa ha contado con el apoyo de entidades sociales como Cáritas o la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta última ofreció el marzo al PSOE y al PP su mediación para que estos partidos aprueben juntos la ILP.
El motivo de este cambio
Este cambio de dirección llega precisamente en un momento de gran rechazo por parte de ONGs, partidos e instituciones como el Defensor del Pueblo hacia parte del nuevo reglamento de extranjería, que entra en vigor este martes, y que podría dejar en la irregularidad a miles de solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada.
El Gobierno ya señaló hace unos días que estaba estudiando vías para dar respuesta a estos posibles daños, de los que han alertado muchas ONGs y ha llevado a algunas de ellas a recurrir la norma ante el Tribunal Supremo.
Sobre la relación entre este impulso por parte del PSOE a la ILP y las denuncias sobre el reglamento, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Sira Rego, de Sumar, han señalado este lunes que la ILP es una iniciativa que se debate en el Congreso y ahora es el momento de que se pronuncien todos los grupos del arco parlamentario que votaron a favor de su toma en consideración (todos menos Vox).
«El Gobierno siempre se ha mostrado favorable a que se estudien estas iniciativas de calado y se mantiene atento a su desarrollo en las cámaras», han señalado fuentes del PSOE a Efe .
«Paralelamente», han recordado que el nuevo reglamento es «una ambiciosa reforma» que, «después de 13 años y bajo una perspectiva clara de defensa de los derechos humanos», da respuesta a la realidad migratoria actual, «adaptando e incluyendo, como procede, la normativa europea en la materia».
Ahora la clave será decidir, a través de la negociación entre partidos, en qué términos sale adelante la ILP, ya que fuerzas como ERC, Bildu, BNG y Podemos han sido siempre partidarios de una regularización de máximos, que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país, y otros como PP, Junts o PNV han apostado por incluir diferentes condicionantes.
