Las recientes filtraciones de mensajes privados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el reconocimiento llevado a cabo por José Luis Ábalos de que fue él quien consintió la publicación de estos textos, han despertado el pensamiento, junto a otros indicios, de que podría existir una suerte de ‘UCO patriótica‘ que estaría trabajando, entre otras cosas, para debilitar al jefe del Ejecutivo e incentivar su caída.
Son varios los hilos conductores de este asunto. En primer lugar, está el fichaje del capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Viajando unos años en el tiempo, el 31 de octubre de 2023 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso nombraba a este agente como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, un ente público que está adscrito a la Consejería de Sanidad.
Un puesto por el que recibe una retribución de 84.268,32 euros y al que llegó después de haber sido jefe de Fuentes de la UCO, uno de los primeros investigadores del fraude de los hidrocarburos que acabó derivando en la imputación de Koldo Garcia y José Luis Ábalos. Según fuentes consultadas, el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso habría «ocultado información crítica» en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular. Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, acusando a Bonilla de instrumentalizar las causas en beneficio del Partido Popular. Según el denunciante, también hay una serie de Guardias Civiles que junto con Juan Vicente Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar, nuevamente, al Partido Popular.
Además de esta denuncia, Diario Red hizo pública una cadena de WhatsApps de Juan Vicente Bonilla en la que se demuestra que el agente de la UCO presionó en 2019 a un confidente de la trama hidrocarburos para que consiguiese un empleo para su expareja.
Pero el fichaje de Juan Vicente Bonilla por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no es el único motivo que hace temer la existencia de una ‘UCO patriótica’. Han existido demasiados errores accidentales en los informes de Bonilla, 37 para ser exactos según la Abogacía del Estado. A su vez, llaman también la atención las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas, así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición prospectiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley. Del mismo modo, Telemadrid, el pasado 16 de mayo, titulaba lo siguiente: «La UCO prepara un informe demoledor que vincularía a Santos Cerdán con el caso Koldo», pese a no haber una investigación en curso contra su persona. Diferentes frentes abiertos que parecen remar hacia una misma dirección: debilitar a Pedro Sánchez y a su entorno para forzar su salida del Ejecutivo, mediante medios ajenos a la propia política.
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