En la Serra del Molinet, junto a la avenida Villajoyosa de Alicante, descansa La Británica. Las gigantescas instalaciones de la antigua refinería, que datan de 1875 y permanecen sin uso desde hace décadas, aguardan clausuradas a que las distintas administraciones logren ponerse de acuerdo sobre su uso. Los trámites para que el Gobierno central cediese su propiedad al Ayuntamiento se iniciaron en 2017, con el tripartito de izquierdas en el Consistorio y el Ejecutivo nacional en manos del PP. Ocho años más tarde, las fichas han cambiado (ahora son los populares los que comandan el Ayuntamiento y los socialistas los que están al frente del Gobierno) pero el tablero sigue igual, con la partida en marcha.
En mayo del pasado año, cuando el gobierno local de Luis Barcala volvió a abrir la puerta a la cesión de las instalaciones, fijó dos condiciones para ello: que se subsanaran los problemas de titularidad de los terrenos y que se garantizase la seguridad de unos depósitos que almacenaron materiales peligrosos. «Ya expliqué las dos condiciones en el pleno: no queremos que se nos pase algo que no está en una situación registral clara y que no esté en condiciones de sostenibilidad», señaló el regidor, quien reconoció que «Alicante quiere La Británica porque es un enclave excepcional con unas posibilidades tremendas que situaría a la ciudad en el mapa en muchos sentidos».
Se refería el alcalde a los antecedentes de la parcela sobre la que se asienta La Británica, que se remontan a 1864, cuando era propiedad de veinte titulares. Entonces, 19 de ellos vendieron sus respectivas partes, salvo uno, que no lo hizo. Una decisión que ha dificultado todos los procesos posteriores, incluida la tramitación de la cesión al Ayuntamiento. La segunda condición municipal fue la de la «seguridad» de las instalaciones, ya que una tesis elaborada en la Universidad de Alicante reveló la presencia de «altos niveles de material radiactivo» en los depósitos.
Falta de respuesta
Sin embargo, desde el Gobierno de España explican que respondieron a Barcala solo un mes después de sus declaraciones y que aún aguardan a que el ejecutivo municipal se pronuncie. Fuentes consultadas por INFORMACIÓN han confirmado que el 4 de junio se envió un escrito al equipo de gobierno local en el que se garantizaba que el Estado es propietario de pleno derecho de la totalidad del inmueble que se pretende ceder y que, por lo tanto, nada impide la cesión de La Británica.
En ese escrito, según fuentes municipales, también se abordaría una segunda cuestión: la de los gases nocivos. El escrito reconocería la existencia de gas radón en las diferentes estancias de la refinería, aunque asegurando que se debe al tiempo que la infraestructura lleva cerrada y que se resolvería fácilmente con la ventilación adecuada. Por todo ello, el Gobierno concluye que no hay obstáculos para que La Británica pase a ser propiedad del Ayuntamiento.
Unas explicaciones que no resultan suficientes para el ejecutivo municipal de Luis Barcala. Desde el Consistorio señalaron a preguntas de este diario que el equipo de gobierno «continúa a la espera de las necesarias garantías para abordar la cesión». El Ayuntamiento, según sostiene, se mantiene «pendiente de la acreditación documental del registro de la propiedad, así como el informe del peritaje técnico acreditando la salubridad de las instalaciones por parte del ministerio». Un señalamiento mutuo que, mientras, mantiene a La Británica sumida en el olvido de forma indefinida.
Antecedentes
El trámite ahora pendiente de ejecutarse arrancó a mediados de 2017. Entonces se oficializó la petición de cesión por parte del Ayuntamiento, a la que también se sumó la Diputación, aunque sin presentar la documentación requerida. Durante los siguientes meses, se fueron requiriendo nuevos informes, hasta que en noviembre de 2018 se «interrumpieron» las comunicaciones entre ambas administraciones, que se retomaron a principios de 2021. No fue hasta mediados de julio de 2022 cuando el Ayuntamiento finalizó, a través de la Concejalía de Urbanismo en manos de Ciudadanos, el anteproyecto para la musealización de La Británica. Este documento técnico se consideraba clave para lograr que el Ministerio de Hacienda cediera el uso del complejo industrial situado junto a la avenida Villajoyosa. Entonces, el bipartito de PP y Ciudadanos pretendía poner en valor el antiguo complejo industrial, para dar a conocer su historia tanto a los alicantinos como a los turistas.
Las últimas manifestaciones públicas sobre el futuro del enclave las realizó el alcalde Luis Barcala en mayo de 2024, apostando por una finalidad cultural. El regidor apuntó entonces que el objetivo era convertir la infraestructura en un «centro cultural de referencia a nivel internacional».
