Desde finales de 2024 parece como si las fichas de dominó que vertebran las políticas de sostenibilidad estuvieran empezando a caer. Una tras otra. Es una dinámica que hace que la aprobación de la Agenda 2030, ahora hace diez años, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que en aquel momento fueron acordados por 193 estados, suene casi a ciencia ficción. Y la Unión Europea, que hacía bandera, está contribuyendo a esta dinámica.
En este sentido, conviene recordar que uno de los pilares de la estrategia de la Unión Europea (UE) para las próximas décadas es el Pacto Verde, que tiene como objetivo que esta parte del mundo sea pionera en el proceso de descarbonización, con el idílico objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050. De hecho, los Fondos Next Generation -la deuda que se adquirió después de la pandemia- tenían que servir para facilitar este proceso, tanto a empresas como a particulares. El Pacto Verde se presentó como una estrategia indispensable para ganar peso en un marco mundial que dejaba a la UE a la cola de la carrera tecnológica. También para reducir la dependencia energética. Este Pacto Verde se materializó en directivas de obligado cumplimiento para muchas empresas, sobre todo las grandes y, en un grado más bajo, las pequeñas y medias.
La elección de Trump como presidente de EE UU, el aumento de la extrema derecha en el Parlamento Europeo y el informe Draghi, afirmando la pérdida de competitividad de las empresas europeas (derivada de las directivas antes mencionadas) es la tríada que hizo que el mes de febrero se aprobara una ley ómnibus que «para el reloj» durante dos años, en cuanto a la aplicación de algunas de estas directivas. Es un movimiento inédito, un retroceso que resta credibilidad a la institución. ¿Cómo cree la UE que se ha construido la capacidad tecnológica en China o en EE UU? ¿Empezando una apuesta estratégica y, después, parándola?
Una de las directivas afectadas es la que obligaba a algunas empresas a informar sobre sus políticas de sostenibilidad. Por primera vez, la información sería pautada, rigurosa, comparable y verificada. Pues bien, esta directiva no solo se para durante dos años, pasando de «la emergencia climática» a «parar el reloj», sino que se reduce en cerca de un 80% el número de empresas obligadas a cumplir con la normativa (pasando a ser obligatoria solo para aquellas que superen el millar de trabajadores). También se ha propuesto rehacer la normativa para simplificarla significativamente. Por lo tanto, la rebaja de requisitos se produce en tres dimensiones: temporal, alcance y profundidad.
Este cambio ha cogido a contrapié a las empresas, que ya se preparaban para el cumplimiento de la normativa; de hecho, algunas de ellas ya habían avanzado trabajo, adaptándose antes de que fuera obligatorio. También afecta a los profesionales que se han formado para poder verificar estos nuevos informes. La incertidumbre generada es enorme. Ahora mismo, no se conoce qué cambios habrá ni cuáles serán las obligaciones para empresas de más y de menos de 1.000 trabajadores. Todas las normativas se pueden mejorar pero, para hacerlo, no es necesario dejarlo todo parado.
Lo más triste es que este cambio no se deriva solo del informe Draghi o de las presiones que ejerce Trump, sino también de presiones dentro del seno de la UE. En concreto, de Alemania y Francia. Es un movimiento para no perjudicar a algunas de sus empresas, que no habían hecho los deberes. Esta influencia se delata por el umbral establecido: 1.000 trabajadores y un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros. Se trata de un umbral nuevo, que no aparecía en la anterior legislación. Lo que es peor, esta medida va en contra de las empresas y profesionales que han hecho los deberes y premia a las que no los han hecho.
Coincido en que las medidas de sostenibilidad pueden no ayudar a la competitividad empresarial a corto plazo, pero lo que se ha perdido de vista es que, en realidad, se trata de una inversión a largo. Y, por tanto, hemos entrado en la dinámica del beneficio a corto plazo, juego que también llega desde el otro lado del Atlántico. Y ojalá me equivoque, pero las empresas que piden moratorias continuarán necesitando ayudas, también con dinero público, para adaptarse a un mundo con temperaturas por encima de las actuales. n
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