La presidenta provisional, Dina Boluarte, fue autorizada por el Congreso para asistir a la entronización del papa León XIV, a quien el Gobierno peruano considera un ciudadano más de este país donde realizó una labor pastoral por varias décadas. Boluarte, cuya popularidad no supera los cinco puntos, según las últimas encuestas, necesita encomendarse al cielo aunque por razones más terrenales. Su semana se cerró con una nueva denuncia constitucional, la tercera en apenas dos días, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y mientras estaba al frente del Ejecutivo su antecesor destituido, el maestro rural de izquierdas Pedro Castillo.
La mandataria interina desde fines de 2022 ha sido acusada a su vez por la violencia ejercida por las fuerzas policiales durante la represión derivada de la caída de Castillo, los primeros meses de 2023. La Fiscalía también la ha denuciado ante Congreso por omitir información en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre 2021 y 2023, incluyendo joyas valoradas 162.250 dólares y dos relojes Rolex que tienen un precio estimado de 44.465 dólares. El Tribunal Constitucional tiene la llave que autoriza la investigación de la principal autoridad ejecutiva. La acusación constitucional por los hechos represivos también alcanza a Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola, exministro de Defensa y exjefe del Gabinete Ministerial; César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior; y Jorge Chávez, extitular de Defensa.
El Ministerio Público consideró que Boluarte debe ser imputada debido al uso «excesivo» y «desproporcionado» de la fuerza estatal contra 75 de los 400 manifestantes que resultaron heridos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima. Unas 50 personas también fallecieron bajo las mismas circunstancias. La acción de la policía y el Ejército fue en su momento severamente criticada por Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pedido al Papa
Los familiares de las víctimas de aquella represión policial le han enviado un mensaje a Robert Prevost. «Duele profundamente la indiferencia del Estado. Por ello, le pedimos a usted, Santo Padre, que interceda por justicia para nosotros. Ahora más que nunca necesitamos de su ayuda, pues las decisiones de la presidenta Dina Boluarte y las leyes que vienen aprobándose en el Congreso nos afectan directamente y no garantizan que estos hechos no se repitan». La misiva denuncia a su vez que el Gobierno ha multado a los organismos de derechos humanos que los defienden. Prevost, entonces obispo en Perú, fue crítico de las acciones del Estado frente a los manifestantes. El arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, recordó al respecto que el flamante Papa «sabe muy bien de las muertes de inocentes durante las protestas».
Debilidad política
La gestión de Boluarte fue un permanente acto de supervivencia. Si alguna vez fue parte de un partido de izquierdas, Perú Libre, no tuvo reparos en ladearse hacia la derecha para mantenerse en el Palacio Pizarro. La Carta Magna señala que un jefe de Estado en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso, algo que intentó Castillo en diciembre de 2022. Aunque la suerte de la presidenta provisional está en manos del Tribunal Constitucional, pero los analistas no dudan que el asunto es político. La decisión de que se archiven las denuncias no es exclusivamente judicial.
Boluarte gobierna sin sostén parlamentario en un país donde el Congreso practica el arte de destituir mandatarios. No solo Castillo fue cesado sino su antecesor, Martín Vizcarra, quien ejercía la presidencia provisional a partir de 2018, cuando dimitió Pedro Pablo Kuczynski para evitar ser echado por el Parlamento. La mandataria no ha encontrado otra alternativa que negociar con Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, quien en abril pasado recibió como regalo la anulación del juicio por corrupción y lavado de dinero que se seguía desde 2024. Fue el Tribunal Constitucional el que garantizó la impunidad de la hija del extinto autócrata, Alberto Fujimori. La misma instancia judicial que en su momento avaló el controvertido indulto del hombre que cumplía una condena a prisión perpetua por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su primera presidencia, a comienzos de la década de los noventa. Keiko, como se la conoce, ha logrado acrecentar su dominio sobre el Gobierno interino. Boluarte eligió como su Primer Ministro a Eduardo Arana, un fujimorista de pura cepa, quien fue a su vez salpicado por un sonado caso de corrupción, cuellos blancos, y está a su vez relacionado el prófugo exjuez supremo César Hinostroza y el exjuez Walter Ríos, condenado por hechos ilícitos. El anterior premier, Gustavo Adrianzén, tuvo que abandonar el cargo para evitar la censura del Congreso por su dificultad para reducir la ola de criminalidad.
La fragilidad es la regla de los presidentes peruanos desde comienzos de siglo. Alejandro Toledo se encuentra detenido por corrupción. Ollanta Humala también se encuentra preso por un caso similar de financiamiento ilegal de campaña. Alan García, el hombre que gobernó entre ellos, se suicidó en abril de 2019 antes de que la policía se lo llevara detenido por un hecho conexo. Boluarte, señalan los analistas, ha hecho verdaderos milagros para no tener el mismo destino que sus antecesores. La legislatura ha sido vital en su sostén.
«Resulta evidente que la presencia de la actual mandataria ante la máxima autoridad de la Iglesia católica constituye un despropósito», sostuvo el diario limeño ´La República` en su editorial. «Es un secreto a voces que este viaje fue posible gracias a una negociación oscura entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos responsables de la grave vulnerabilidad institucional que hoy padecemos. Estas son las verdaderas credenciales con las que, de manera ingeniosa, Boluarte acudirá a su encuentro con el papa. Credenciales que ningún voto infame del Congreso podrá borrar de la memoria histórica del país».
