Un informe interno de gestión de la Dirección General de Dependencia del Gobierno regional desvela que en el periodo 2020-2023, bajo el mandato del pacto de las flores, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) detectó incidencias y errores en la información que se transmitía al sistema para la autonomía y atención a la dependencia y que afectaron directamente a 16.104 expedientes que se tuvieron que revisar, corregir y volver a comunicar al Estado entre los años 2023 y 2024.
El Imserso cuenta con un sistema de gestión de incidencias que detecta errores e irregularidades en la carga de los datos y, pese a que se comunicaron hasta 67 incidencias, no fueron atendidas por el equipo de Dependencia de la pasada legislatura, con lo que estos expedientes tuvieron que ser revisados con posterioridad por el personal de la Dirección General. Entre enero de 2022 y julio de 2023 la titular del departamento fue Marta Arocha, ahora senadora del PSOE y muy crítica con la gestión de la actual consejera Candelaria Delgado.
El informe enumera los expedientes con incidencias desde 2019, año de inicio de la gestión del pacto de las flores, hasta 2024. Los años con más prestaciones dudosas fueron 2020 -5.223 expedientes- y 2022, con 4.942. En 2021 fueron detectados errores en 3.870, mientras que en 2023 fueron registrados 1.762. Esta situación supuso «falsear» las cifras de dependencia para maquillar las listas de espera.
Se apunta a posibles «instrucciones» de la anterior directora general con un proceder «anómalo»
Estas irregularidades se unen a otras deficiencias en la gestión de Dependencia que el informe detalla y en el que también se incluye la mezcla de prestaciones efectivas de las no efectivas en el traslado de los datos al Imserso. Se recoge que entre febrero y mayo de 2023 se grabaron en el sistema un volumen significativo de prestaciones económicas clasificadas como efectivas, sin que se hubiese presentado la documentación que justificase que la prestación estaba en marcha en forma de facturas o contratos que nunca se presentaron. El informe apunta a que estas omisiones «sugieren la existencia de una instrucción expresa de no procesar estas solicitudes, aunque no se ha hallado constancia escrita de dicha orden».
Estos errores han generado discrepancias con el sistema de gestión de los datos del Imserso al no coincidir la información que suministra la Comunidad Autónoma con el registro que realiza el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. El caso más notorio se detectó en Tenerife, donde se han identificado 900 expedientes en esta situación. No se tienen datos exactos de la isla de Gran Canaria.
El informe hace alusión a que al inicio del actual mandato, en julio de 2023, habían unas 6.500 solicitudes de valoración del grado de dependencia que no habían sido registradas en el sistema de gestión, con lo que la tramitación de las mismas estuvo paralizada hasta que se contrataron los servicios necesarios para la grabación y digitalización de estos expedientes. Entre las «graves deficiencias administrativas» detectadas también figuran 3.429 expedientes de revisión de grado, programas individuales de atención (PIA) y recursos de alzada pendientes de tramitación. Los expedientes estaban almacenados en una carpeta de la red sin iniciarse la gestión.
La mezcla de prestaciones efectivas y no efectivas ya se detecta entre febrero y mayo de 2023
Tras la polémica surgida en las últimas semanas por la «regularización» de expedientes que tuvo que realizar el Gobierno canario en febrero a instancias del Imserso, el cruce de acusaciones y críticas no ha cesado entre el Ejecutivo actual y el PSOE, además de los representantes de la plantilla de la Consejería de Bienestar Social. La consejera Candelaria Delgado ha asegurado que entre los expedientes que han sido afectados por esta situación figuran los heredados de la legislatura anterior. El informe de gestión concluye que el proceder del anterior equipo de Dependencia resulta «completamente anómalo», lo que provocó «graves problemas» para aquellas solicitudes sin registrar o pendientes de la revisión del grado y apunta «a posibles instrucciones internas emitidas por la anterior Dirección General», en manos de Arocha.
Registro estadístico. Regularización de las cifras: El Imserso ‘liquida’ 12.223 prestaciones en un solo mes
Los datos oficiales de la evolución de las prestaciones de la dependencia en Canarias reflejan que en un mes, entre el 31 de enero y el 28 de febrero, la bajada fue de 12.223 prestaciones, una reducción mayor que la conocida hasta ahora relativa al primer trimestre. Esta drástica disminución fue consecuencia de la regularización que se vio obligada a hacer la Consejería de Bienestar Social a instancias del Imserso por inflarse los datos desde 2023 entre ayudas efectivas y no efectivas o dependientes que tienen ayuda económica pero también están en las listas de espera de los cabildos para una plaza residencial o de centro de día.
Al cierre del año 2024, Canarias tenía notificadas 65.165 prestaciones de dependencia, 16.208 más que el 31 de diciembre de 2023, que fueron 45.957. El 31 de enero el Imserso registró en su estadística 65.078 prestaciones concedidas según los datos trasladados por el Gobierno regional. La caída en picado se produjo un mes después, ya que el 28 de febrero las prestaciones totales en Canarias incluidas por el Imserso fueron 52.855, es decir, 12.223 menos que el mes anterior. En la difusión de la estadística de ese mes el organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales hay una observación específica en la que se recoge que «durante el mes de febrero de 2025 en la Comunidad Autónoma de Canarias se han regularizado las prestaciones no efectivas en la aplicación informática del sistema que gestiona la dependencia».
A 31 de marzo había 76.190 solicitudes de dependencia en Canarias, de las que 65.199 tienen resoluciones de grado y 57.929 personas tienen derecho a una prestación. Con el Programa Individual de Atención (PIA) terminado hay, según la estadística 46.130, mientras que hay 11.799 sin el PIA.
La polémica que ha generado esta inflación de datos ha provocado que tanto los comités de empresa de las dos provincias canarias como la oposición parlamentaria hayan exigido la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de la directora general, Concepción Ramírez.
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