Dice el refrán que favor con favor se paga. El Gobierno de Estados Unidos está intensificando sus ataques contra la Unión Europea por aplicar una normativa digital que regula la actividad de gigantes tecnológicos como Apple, Meta, Amazon o Alphabet, matriz de Google, influyentes compañías que han financiado o tendido la mano al presidente Donald Trump.
El Departamento de Estado está liderando una campaña de presión que se centra en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una legislación pionera aprobada en 2022 que obliga a las llamadas Big Tech a limitar el uso de datos de los ciudadanos europeos, a ser más transparentes y a adoptar medidas para frenar la propagación de contenido ilegal y desinformación.
Washington interpreta que esa normativa perjudica los intereses comerciales de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses y la libertad de expresión. Es por eso que, como destapa en exclusiva The Wall Street Journal, la agencia de políticas exteriores de la Casa Blanca dice querer «acabar con el complejo industrial de la censura global» que a su parecer ostenta la UE y ha ordenado a sus oficinas europeas que busquen «ejemplos de esfuerzos gubernamentales para limitar la libertad de expresión». La DSA, sin embargo, solo se aplica en territorio europeo.
Trump desmantela medidas contra la manipulación
En el pasado, EEUU había apoyado a los gobiernos europeos en sus decisiones para limitar los intentos de injerencia y manipulación electoral lanzados por países como Rusia, una guerra híbrida que se ha acelerado tras su invasión militar de Ucrania. La normativa digital europea también va en esa dirección. «No hay nada en la legislación europea que infrinja los derechos humanos de los estadounidenses o los europeos», ha explicado al WSJ James Rubin, exdirector de la oficina del Departamento de Estado que durante la era Biden combatió la desinformación extranjera.
La administración Trump ha dado un giro de 180 grados al considerar, por primera vez, que las leyes europeas amenazan derechos básicos. Su presunta defensa de la libertad de expresión también la ha llevado a cerrar organismos como el dirigido por Rubin cuya misión era evitar las injerencias extranjeras en la política nacional. Curiosamente, la Casa Blanca trumpista también ha tensionado su histórica alianza transatlática al imponer aranceles a la UE, tender la mano a Vladímir Putin y enfriar sus relaciones con Kiev.
Multas a las tecnológicas
Por ahora, la DSA solo ha lanzado advertencias por una posible infracción a la plataforma china TikTok y a la red social X, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, mano derecha de Trump. Sin embargo, la UE ha acudido a otras normativas digitales para imponer multas de 500 y 200 millones de dólares a Apple y Meta, respectivamente, y para advertir a Alphabet de que su mercado de aplicaciones Google Play incumple la ley, abriendo la puerta a otra sanción multimillonaria.
La campaña de la administración Trump se entiende como una defensa de los intereses de los gigantes de Silicon Valley. Amazon, Google y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, donaron un millón de dólares al fondo para la investidura presidencial de Trump, mientras que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, lo hizo a título personal. Aun así, el Gobierno estadounidense no ha frenado la agresividad de los reguladores antimonopolio en casa y, a través del Departamento de Justicia, incluso ha exigido la desintegración de algunas de esas compañías.
