La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia insiste en que la jueza que investiga la gestión de la tragedia del pasado 29 de octubre cite como imputado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
La organización de víctimas ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial por la negativa de la magistrada a investigarlo. En él plantean diversos argumentos por los que ven indicios de delito en su actuación.
Así, destacan que «toda información era poca ese día» y Polo «disponía de información que debía haber hecho saber en la reunión del Cecopi».
Las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro, exponen, son los organismos con responsabilidades directas en la gestión e información de las cuencas fluviales de toda la Comunitat Valenciana.
Entre ellas, la CHJ tiene que «proporcionar al Centro de Coordinación de Emergencias autonómico, a través de los respectivos servicios SAIH, datos en tiempo real de las precipitaciones que se produzcan en la red de pluviógrafos desde el momento en que se declare la Preemergencia, especialmente de los registros que superen los umbrales de 40 l/m2 en 1 hora ó 100 l/m2 en 12 horas, así como de los totales acumulados».
También informar a este órgano «de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas» y «recomendar a la Dirección del Plan la activación de la Alerta Hidrológica Emergencia 0 a los municipios de la cuenca afectada, ante la posibilidad de que se produzcan inundaciones en estas zonas».
Las responsabilidades de la CHJ contemplan igualmente «presentar al Centro de Coordinación de Emergencias aquellos datos que describan el estado hidrológico e hidráulico y la evolución esperada de las cuencas afectadas por la declaración de preemergencia, con la periodicidad que la Dirección del Plan estime necesaria en función de la gravedad de la situación» e «informar a la Delegación / Subdelegación del Gobierno».
«Negligencia objetivable»
La asociación de víctimas explica que, partiendo de sus funciones, «la negligencia que Polo cometió el pasado 29 de octubre de 2025 es perfectamente manifiesta y objetivable a día de hoy».
«Además de las funciones derivadas por ser un técnico del Cecopi, como puede ser evaluar la situación de riesgo de desbordamiento de las cuencas fluviales y realizar comunicaciones efectivas, debía de informar al Comité de Dirección del Cecopi acerca de la situación de tales cuencas fluviales y, por ende, aconsejar acerca de las medidas de protección que debían adoptarse», sostiene la organización.
En el recurso, exponen que en un informe oficial remitido al juzgado, el presidente de la CHJ ha reconocido que su organismo no efectuó llamadas telefónicas de aviso durante el episodio de crecida del barranco del Poyo (el que provocó la mayor parte de las muertes), limitándose únicamente al envío de correos electrónicos.
«Resulta incomprensible que, dada la gravedad y urgencia de la situación, y estando el señor Polo presente en la reunión del Cecopi, no estimara necesario comunicar directamente a los allí reunidos el desbordamiento del barranco, con el objetivo de facilitar una respuesta más ágil y eficaz», apuntan.
«¿Cuál era el papel del señor Polo en el Cecopi? ¿Por qué estaba convocado?», se pregunta la asociación. «Más allá de que por su organismo se remitieran emails», indican, la misión del presidente de la CHJ, al igual que la del resto de representantes técnicos convocados, «es informar a la dirección del Cecopi de los avances de la situación», destacan.
Asimismo, añaden, la declaración prestada por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, «ha servido para confirmar la pasividad del señor Polo».
La dirigente socialista admitió que éste no trasladó ni la existencia de los correos electrónicos enviados por la CHJ ni el contenido de los mismos.
«Esta omisión resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que señor Polo ostenta la presidencia de dicho organismo y, al mismo tiempo, forma parte del Cecopi, órgano encargado de coordinar la respuesta ante emergencias de esta naturaleza», comentan.
«Desde una perspectiva de mínima diligencia», argumenta, «es razonable esperar que información de tanta relevancia -remitida por el equipo técnico que él dirige- debía haber sido puesta en conocimiento del resto de miembros del Cecopi«.
«Más aún cuando esa información hacía referencia a una situación crítica de posible desbordamiento, cuya correcta valoración y comunicación resultaban esenciales para la toma de decisiones urgentes en materia de protección civil», agregan.
Desatendió el protocolo de la CHJ
«El acusado incremento del caudal evidencia de forma inequívoca que el desbordamiento del barranco del Poyo era un hecho constatado, ante el cual la Confederación Hidrográfica del Júcar, con pleno acceso a los datos en tiempo real a través del sistema SAIH, debió haber activado sin dilación los protocolos de emergencia. Sin embargo, no lo hizo«, dice la asociación en su recurso.
«Pese a esta situación crítica, el presidente de la CHJ actuó de forma negligente, desatendiendo el propio protocolo del organismo, que establece la obligación de comunicar a Protección Civil al rebasarse los 150 m³/s. Este umbral fue superado en varias ocasiones a lo largo del día, sin que se realizara ninguna comunicación entre las 16:13 y las 18:43″, insisten.
Durante ese intervalo, recuerdan, el caudal creció de manera vertiginosa hasta alcanzar los 1.686 m³/s, y más tarde los 1.941,1 m³/s a las 19:20, «sin que se adoptara medida alguna para advertir del riesgo inminente».
«No resulta aceptable justificar la respuesta de la CHJ con el mero envío de correos electrónicos que recogían datos de precipitaciones sin advertir expresamente del riesgo de desbordamiento. La obligación de este organismo iba más allá de recopilar información: debía valorar el peligro y recomendar al Comité de Dirección las medidas de protección oportunas«, defienden.
Nexo causal «acreditado»
«¿Y quién era la voz de la CHJ En el Cecopi? El señor Polo. En emergencias de esta índole, la inacción informativa no tiene cabida. La superación de umbrales críticos exige una comunicación clara y activa; no basta con limitarse a correos electrónicos», afirman.
Para la organización de víctimas, es «desconcertante» que, pese a disponer de esos datos, «no se interrumpiera el tráfico a tiempo, con el resultado fatal de que uno de los familiares de los denunciantes fallecieron».
El nexo causal, consideran, «queda más que acreditado»: «Como presidente de la CHJ y miembro del Cecopi, el señor Polo tenía la responsabilidad directa de garantizar que la información sobre el aumento extremo del caudal fuera transmitida de forma eficaz a los responsables de emergencias y de promover las actuaciones necesarias».
Su papel en el Cecopi, aseguran, «no era meramente informativo, sino operativo» porque «debía velar por que las medidas preventivas se aplicaran con urgencia y eficacia».
