Andrés C. B., un vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) de 46 años de edad, ha expresado esta mañana su incredulidad por los casi dos millones de archivos pedófilos que el Grupo de Delitos Tecnológicos encontró en su casa entre seis discos duros, un material que intervinieron los investigadores en el registro de su domicilio el 17 de noviembre de 2021. A preguntas de la fiscal, el acusado ha precisado que dos de estos seis dispositivos los cogió de un contenedor y sobre los cuatro restantes no ha acertado a brindar una explicación convincente ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. «Yo no descargo pornografía infantil, solo de adultos, y de informática no tengo ni idea. A veces he pinchado en algún enlace que me lleva a pornografía infantil, pero salgo enseguida», se ha excusado el procesado.
En cualquier caso, Andrés C. B. ha negado de forma rotunda que haya «difundido» o «compartido» alguno de estos archivos, un extremo que se ha convertido en objeto de debate a lo largo del juicio, ya que la condena es considerablemente superior en el caso de que exista distribución aparte de la propia tenencia de este tipo de materiales. Quienes analizaron los seis discos duros, dos compañeros de Policía Científica, han precisado que el encausado accedió a estas fotografías y vídeos a través del programa Ares, de tal forma que «mientras son descargados (los archivos), son compartidos con otros usuarios».
Entre los casi dos millones de archivos, por ejemplo, constan documentos visuales «extremadamente degradantes», tal y como han descrito estos mismos agentes. Y es que en ellos aparecen niños atados de pies y manos mientras son sometidos a «prácticas sexuales degradantes», de tal forma que Andrés C. B. los clasificaba en carpetas «por fechas y nombres» con alguna denominación como hermosas niñas prostitutas de 8 a 13 años. «Debido al volumen de pornografía, se trata de una conducta habitual. No lo ha podido conseguir en un día o dos», han coincidido ambos.
El inicio de la investigación
Junto a estos dos agentes también han comparecido los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos que, en septiembre de 2020, iniciaron la investigación después de que la embajada de Estados Unidos en España les alertara de que el acusado había subido a su cuenta de Google Drive alrededor de 50 archivos pedófilos. Sobre ello también se ha excusado Andrés C. B. al alegar que se puso «nervioso» sin saber cómo se pudieron subir. «Es imposible que sea una subida involuntaria o por error, esa posibilidad no existe», han confrontado los agentes, quienes también han apuntado que encontraron las facturas de los discos duros en el interior de la vivienda.
Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de siete años de cárcel por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil además de la inhabilitación para desempeñar cualquier actividad que conlleve contacto regular con menores durante los próximos 15 años. Su defensor, el abogado Sergio Piracés, ha aceptado la tenencia al solicitar el pago de una multa de 1.080 euros, pero ha negado la distribución del material. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros.
A la detención de Andrés C. B. también se sumaron la de otros tres individuos, uno de ellos, un veinteañero zaragozano que el pasado mes de enero reconoció los hechos y aceptó una pena de dos años de cárcel. En su caso le intervinieron 300 GB de archivos pedófilos, algunos de los 70.000 incautados con abusos y agresiones sádicas.
