Lo que parecía una inspección más en un local de Las Palmas de Gran Canaria terminó revelando una grave amenaza para la salud pública. La intervención, coordinada entre agentes del Grupo de Policía Administrativa UVIA y la Agencia Tributaria, destapó la venta de tabaco con señales de estar caducado, pese a llevar una fecha de consumo preferente sorprendentemente lejana: 2026.
El problema es que la fecha de producción impresa en los envases era de abril de 2021, y el deterioro del producto era evidente. Esto encendió todas las alarmas: ¿estamos ante un nuevo caso de etiquetado fraudulento?
Incumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal
Los agentes detectaron que el tabaco presentaba color alterado, olor rancio y empaques en mal estado, síntomas incompatibles con un producto supuestamente en buenas condiciones. Según la normativa española, el tabaco debe estar correctamente etiquetado, con fechas claras y sin inducir a error al consumidor (Ministerio de Sanidad).
Los paquetes incautados mostraban deterioro visible a pesar de llevar una fecha de caducidad aparentemente válida. / Policía Canaria
El hecho de que los paquetes mostraran una caducidad a cinco años vista mientras se encontraban visiblemente dañados, refuerza la hipótesis de un posible fraude intencionado.
Por si fuera poco, el establecimiento también ofrecía una promoción de “2×1” en productos de tabaco, algo totalmente prohibido en España. Desde hace años, la Ley 28/2005 impide cualquier tipo de promoción o descuento que incentive el consumo de tabaco, con el objetivo de proteger especialmente a los menores y reducir la incidencia del tabaquismo en la población (BOE).
Agentes del Grupo UVIA y la Agencia Tributaria inspeccionaron el local donde se detectó el tabaco en mal estado. / Policía Canaria
Este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que vulneran directamente la estrategia nacional para la prevención del tabaquismo, afectando tanto a la salud pública como a la competencia justa en el mercado.
El tabaco incautado será analizado en laboratorio para determinar su estado real y comprobar si los consumidores han estado expuestos a un producto dañino para su salud. Si se confirma el fraude, las consecuencias legales para el local podrían ser severas: multas económicas, cierre temporal del negocio e incluso responsabilidades penales si se demuestra la intencionalidad.
Según el Real Decreto 1199/1999, las sanciones por este tipo de infracciones pueden alcanzar los 12.000 euros, además de la clausura del local por parte de las autoridades sanitarias o fiscales (noticias.juridicas.com).
¿Qué dicen las autoridades?
Fuentes municipales han confirmado que la investigación sigue abierta y que se están evaluando otras posibles irregularidades del establecimiento. La operación ha sido valorada como un éxito preventivo, al evitar que productos en mal estado continuaran en circulación.
Además, han recordado que cualquier establecimiento que comercialice productos del tabaco debe cumplir con una estricta normativa en cuanto a almacenamiento, publicidad, etiquetado y promoción, bajo pena de severas sanciones si se incumple.
