Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la reforma de varios artículos de la ley de agricultura familiar. La propuesta, de Vox, ha contado con varias enmiendas del resto de las formaciones que han salido adelante y que, según la izquierda, «modificaban positivamente» la iniciativa original de la ultraderecha. Pese a las críticas sobre «tragar el sapo» de Vox por parte del PP, PSOE, CHA y Teruel Existe se han abstenido y facilitado la aprobación que sí han votado a favor populares, ultraderecha y PAR. Tan solo Izquierda Unida y Podemos han votado en contra de esta modificación.
Con esta nueva modificación se favorece la instalación de granjas, dando mayor margen al número de cabezas en cada instalación y a la distancia entre las propias construcciones. También se flexibiliza la unidad mínima de cultuvo y se pretende facilitar la incorporación de los jóvenes agricultores y pelear contra la pérdida de profesionales, una sangría constante en los últimos años. La intención de la reforma es favorecer «la viabilidad» de las explotaciones agrarias en Aragón.
El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha defendido la reforma de esta ley por «los gravísimos perjuicios» que ha causado la norma actual a los jóvenes agricultores, llamando la atención sobre el aumento del número de agricultores profesionales que dejan esta actividad. Ha rechazado «las erráticas políticas contenidas en el Pacto Verde Europeo, responsable de los desproporcionados condicionantes ambientales, los costes y la pérdida de competitividad del campo aragonés» frente a terceros países, con normativa laboral y medioambiental más ligera.
Ha intervenido en representación del PP el diputado José María Giménez, quien ha dejado clara «la defensa de los pequeños y medianos agricultores, que habitan nuestros pueblos, generan economía y desarrollo y cuidan el medio ambiente». Giménez ha destacado que «buena parte del sector» dijo que «esta era una mala ley», que ha empeorado la situación, apuntando que en 2024 se duplicó el número de bajas en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, también el retroceso de las incorporaciones de jóvenes agricultores.
Por su parte, el diputado del PSOE Marcel Iglesias ha negado que la ley de agricultura social y familiar sea «un desastre», recordando que también se ha reducido el número de agricultores en comunidades como la valenciana y Castilla y León. «Vinieron a derogar una ley y van a derogar un artículo y a modificar dos, de 54 artículos y 11 disposiciones», ha continuado Iglesias, puntualizando que algunos preceptos de esta ley son «manifiestamente mejorables». Ha rechazado dejar «al libre albedrío» la capacidad de las granjas, proponiendo flexibilizarlo para determinadas especies y convertir la ley en «un coladero» para las macrogranjas.
Mayor flexibilidad
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha situado el debate en «favorecer las explotaciones familiares», proponiendo «flexibilizar» la aplicación de esta ley, salvaguardando la protección de los pequeños agricultores frente a los grandes fondos de inversión y de la biodiversidad. Con esta reforma los pequeños agricultores «se quedan a la intemperie», ha criticado Soro, para quien es razonable fija la cantidad máxima de ejemplares en explotaciones ganaderas, pero con excepciones para determinadas especies.
En representación de la diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj, esta modificación normativa «es un recorte» que afecta básicamente a las granjas de ganado intensivo. Ha preguntado si Vox apoya la agricultura social y familiar, considerando que la reforma «no se dirige, preferentemente, a apoyar a los pequeños y medianos agricultores» y se fundamenta en «un mensaje simplista», en alusión a «su pregón sobre el agua, que consiste en hacer solamente el trasvase del Ebro».
Para el parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, Vox trae esta ley a las Cortes «por motivos ideológicos», ha recordado que la ley vigente es el resultado de un proceso de «escucha activa» durante tres años y solo lleva un año en ejecución, rechazando su modificación por parte de «quienes pretenden aplicar el rodillo parlamentario por puro sectarismo».
Desde IU, Álvaro Sanz ha aseverado que «las derechas van a empezar el proceso de desguace de esta ley porque molesta proteger un modelo concreto de agricultura», observando que «el problema que tenemos con esta norma, que ha priorizado el modelo social» es que no se ha aplicado. «A ustedes les da igual quien produzca, el modelo, y por eso van a modificar esta norma, necesaria para seguir protegiendo a quien vertebra el territorio», ha espetado Sanz a Vox.
En el turno del PAR, el diputado Alberto Izquierdo ha defendido «una norma más entendible y más operativa», rechazando la mera derogación de los artículos reformados. «Esta ley se convirtió en una norma que perjudicaba y han pasado casi dos años para que esto se resuelva», ha agregado.
