La fiscalía belga está centrando su investigación sobre corrupción en compra de suministros de la OTAN en dos casos que implican importantes contratos de apoyo logístico a los aliados, y que son los que han dado lugar a las detenciones de dos personas en Bélgica, tres en Holanda y una detención más en España esta semana, de las que informaba este miércoles EL PERIÓDICO, además de varios registros en Luxemburgo.
El primer caso, confirman a este diario fuentes militares, es un fraude supuestamente cometido por una empresa de servicios portuarios, y tiene que ver con el suministro de combustible para buques de guerra de la OTAN.
Por este caso se investigan implicaciones del fraude y posibles delitos de cohecho en el Reino Unido y Rumanía, aseveran las mismas fuentes. La NSPA trabaja con 32 empresas suministradoras de combustible para barcos y aviones.
El segundo caso tiene que ver con la compra de munición y drones, para la que la Agencia de la OTAN para Apoyo y Adquisiciones (NATO Support and Procurement Agency, NSPA), actúa de intermediaria. Se trata, informan fuentes conocedoras de la investigación, principalmente de grandes lotes de proyectiles de artillería de los mayores calibres.
Falsas asesorías
En la tarde de este miércoles, cuando trascendió la investigación del ministerio público belga por posible corrupción en la OTAN con extensión a España, hubo momentos de inquietud en el Ministerio de Defensa, donde diversos portavoces, o bien no tenían noticia, o bien no hacían ningún comentario. Acababa de clausurarse la FEINDEF, Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad. Al dia siguiente en Defensa respiran con alivio: no hay militares ni funcionarios civiles españoles implicados en el caso, según ha confirmado la propia NSPA al ministerio.
Los principales afectados por la pesquisa son miembros de un grupo de gestores de la NSPA. Unos están en activo y son parte de los 1.500 empleados de la entidad, y otros habían dejado la agencia para montar empresas de intermediación en el negocio de la logística militar, algunas de ellas sin la actividad declarada y radicadas en Luxemburgo, donde también tiene su cuartel general la NSPA y donde se habría llevado a cabo el blanqueo de los cobros por información relevante para consecución de contratos.
Según los datos que la fiscalía belga ha difundido, los investigados habrían facilitado información privilegiada a empresas de armamento. En la trama, las firmas favorecidas a su vez pagaban el servicio como si hubieran recibido asesoría de las empresas ficticias, completan fuentes españolas consultadas. Una parte de los hechos se investiga como un caso de soborno.
La ramificación en España se ha limitado hasta el momento al cumplimiento de una Orden Europea de Detención cursada desde Bélgica a la Audiencia Nacional. El martes la Guardia Civil detuvo a un ciudadano belga en cumplimiento de esa petición internacional.
Contratos milmillonarios
La OTAN, y no su agencia NSPA, centra desde este miércoles la comunicación pública sobre esta investigación. La Alianza ha puesto énfasis en una versión según la cual las pesquisas se han originado a raíz de una auditoría interna de los mecanismos antifraude de la Alianza cuyos resultados se han puesto a disposición de la Justicia.
Desde hace 30 años, pero con especial intensidad desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, y tras producirse una gran escasez de munición de artillería acompañada de un crecimiento exponencial de precios, la NSPA actúa de intermediaria entre los ejércitos de la OTAN y la industria del armamento para conseguir proyectiles de 155 mm -el mayor calibre occidental- y propulsores con los que dotar los arsenales de los aliados.
El caso que se investiga afecta al programa ASP (Ammunition Support Partnership), en el que la NSPA agiliza las negociaciones entre suministradores y ejércitos de 26 países miembros.
El programa ASP es uno de los más cuantiosos que gestiona la NSPA. A finales de 2023 y en enero de 2024, esa labor de intermediación -muy a menudo con contratistas norteamericanos– llevó a la consecución de 220.000 proyectiles de 155 mm por 1.100 millones de euros, junto a un paquete adicional con munición guiada y misiles antitanque por valor de otros 4.000 millones.
El otro programa en el que se habrían detectado irregularidades según las fuentes mencionadas -que no son portavoces de la OTAN- es el MLSP (Maritime Logistics Support Partnership), en torno al cual colaboran el Mando de Operaciones Aliado y la NSPA.
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