El correo de las 18.43 horas remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde el SAIH (Sistema automático de información hidrológica) que alertaba del inicio del desbordamiento del barranco del Poyo se perdió en la burocracia y el caos de Emergencias durante el 29 de octubre (29-O). La transcripción de la declaración del primer técnico del Es Alert que declaró el 6 de mayo, notificada ayer a las partes, revela que la información sobre la situación de peligro del Poyo llegó, pero no a quienes tomaban las decisiones aquel día.
La transcripción de la declaración técnico de Emergencias revela cómo sucedieron los hechos. «La CHJ envió un mensaje diciendo que el caudal del barranco del Poyo se había desbordado. Una técnica de Emergencias dijo que se había recibido por mail esta información del SAIH y él se la traslada en ese momento al jefe de la unidad de análisis [de la sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias] y lo anota según el protocolo en la carta del CoordCom (el sistema que recoge las llamadas y avisos) para conocimiento del resto de agencias» (bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).
Una información que el técnico admite que no se trasladó al subdirector de Emergencias porque «él no tiene conocimientos para saber las consecuencias de un número o qué consecuencias puede tener. No sabe si Juan Ramón Cuevas lo trasladó a alguien más. No sabe si se le trasladó al director del CHJ. Él no tiene comunicación con el Cecopi» (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro de la emergencia durante el 29-O.
En respuesta a la abogada de una víctima, el técnico añadió que «cuando recibe esta información de su compañera [el correo que alertaba que el barranco del Poyo alcanza los 1.941,1 metros cúbicos por segundo], se lo dice a su compañero de la unidad de análisis y lo anota en la carta de CoordCom, y se dedica a la siguiente gestión porque tenían un volumen muy importante, no hacen nada más».
El técnico también apuntó sobre este detalle crucial del 29-O que «la comunicación no hacía una valoración cualificativa del número. Como técnico él no tiene cualificación para valorar los caudales, no sabe la capacidad hidráulica de todos los cauces de la Comunitat Valenciana. En los cursos que hicieron no se habló de los caudales, ni si a partir de un número concreto se considera excesivo».
Cabe recordar que la CHJ envió un total de 198 correos a Emergencias el 29-O al Centro de Coordinación de Emergencias. En las horas más críticas, de 16.57 a 17.57 horas, se enviaron 26 mensajes desde la CHJ para informar sobre el aumento de lluvias en la cabecera del Poyo, Chiva y Riba-roja, pero que tampoco se atendieron a pesar de que la alerta hidrológica en el Poyo se decretó a las 12.20 horas del 29 de octubre y nunca se retiró. Aunque el barranco del Poyo llegó a informar del descenso de caudal (a las 16.13 horas).
En otro auto notificado ayer a las partes, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja también denegó la declaración testifical de José María Chiquillo, licenciado en derecho y exsenador por el Partido popular y que en 2011 fue ponente en el Senado del proyecto de ley de medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
La magistrada justifica este rechazo a la solicitud presentada por la acusación particular que representa a un fallecido en que esa declaración versaría sobre la presa de Forata en el río Magro cuando ésta, como han declarado varios peritos durante la instrucción, no tuvo ninguna influencia en el caudal del barranco del Poyo, donde falleció la representación de la víctima que lo solicitaba.
«Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca. Igualmente, ha de descartarse que tuviera cualquier tipo de efecto negativo en los sucesos del día 29 de octubre de 2024. Al contrario, como se ha expresado, produjo un efecto ‘netamente beneficioso’. Es por ello que carece de objeto la citación del testigo», razona la instructora.
La presa de Forata, añade la magistrada, «no afectó, pese a la insistencia de algunas representaciones, en el barranco del Poyo. Dichas afirmaciones erróneas eran disculpables en un primer momento de la investigación, pero la insistencia en el presente momento procesal carece de sentido, desvía el correcto análisis de los desbordamientos en barrancos y ríos, y no aporta elemento alguno en la investigación de los fallecimientos. No se basa en ningún tipo de informe real, dato, más allá de las conjeturas, y se aparta de la simple situación geográfica de la presa de Forata, en relación con los barrancos y cauces».
Citan a más alcaldes, un comandante de la UME y dos geógrafos
La jueza que investiga las consecuencias de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja acordó ayer citar a declarar como testigos a un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un exjefe de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior y a los alcaldes de Montserrat Sergio Vilar Campos; Pedralba, Andoni León Sáenz; Godelleta, Amparo Pardo Luján y de Turís, Ismael José Corell García .
Además, la magistrada también ha dispuesto citar como testigos peritos (aún sin fecha) al catedrático de Geografía Física de la Universitat de València Alejandro Pérez Cueva y a Rafael Armengot, doctor en geografía, meteorólogo y miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
La exconsellera Pradas se queja de la jueza al CGPJ
La defensa de la exconsellera responsable de la emergencia el 29 de octubre (29-O) Salomé Pradas ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)para quejarse de la instrucción de la causa de la dana que realiza la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. A Pradas le molesta las afirmaciones que realiza en sus autos la jueza como el mensaje del Es Alert «tardío y erróneo», la alusión a la «grosera negligencia de los investigados» o la «manifiesta pasividad» de un Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del que la magistrada llegó a decir que «pareciera una burbuja aislada del mundo exterior». Pradas se queja hasta de la transcripción de su declaración, lo único que se ha notificado para evitar que se filtre su declaración en vídeo. También afea a la magistrada «el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales», aunque ella también se hace eco de los artículos que atacan a la magistrada o de la excesiva duración de las declaraciones. Una queja que tendrá poco recorrido más allá del derecho a la pataleta. La ley orgánica del poder judicial impide al órgano de gobierno de los jueces dictar instrucciones o dirigirse a los jueces para valorar las decisiones que adoptan o la redacción de los autos por respeto a la independencia judicial.
