Uno de los funcionarios de la prisión de Brieva (Ávila) acusados de un delito de cohecho por facilitar un móvil a Ana Julia Quezada, que cumple pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), ha negado hoy ante el juez que investiga los hechos su implicación en ese supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa.
Durante la toma de declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital abulense, el investigado, S.T, tan solo ha declarado a preguntas de su abogado defensor en el transcurso de una comparecencia ante el juez que se ha prolongado por espacio de escasos quince minutos y que, entre otros, ha contado también con la participación del representante del Ministerio Público y de la acusación popular ejercida por la letrada de la madre del menor asesinado, Patricia Ramírez.
En su declaración, el funcionario, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha mantenido su inocencia y ha sostenido que ni él propuso a la reclusa tal intercambio de favores y que tampoco ella le trasladó idéntico trueque, supuestamente relaciones sexuales a cambio de que él la pusiera sobreaviso de inspecciones en su celda donde escondía un teléfono móvil que presuntamente le había facilitado su novia en el transcurso de un ‘vis a vis’. Supuestamente, el funcionario se haría cargo del móvil durante dicho registro en la celda.
El interrogatorio del funcionario se produce en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho, del artículo 443.2 del Código Penal, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila contra varios funcionarios de la prisión–han dejado de prestar servicio en el penal a raíz de estos hechos al haber sido suspendidos de funciones–que habría favorecido a la reclusa la tenencia de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.
Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con un funcionario de la prisión y con el cocinero; relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar «chantajear» a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.
Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconocería que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe hecho público de la directora.
