La condonación de deuda autonómica empieza a dar sus primeros pasos legales. Este mismo miércoles, el Ministerio de Hacienda ha abierto el trámite de ‘consulta pública previa’ sobre el que será el ‘anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común’ que el Gobierno quiere llevar a Las Cortes en las próximas semanas, ya como proyecto de ley.
La apertura de este trámite viene acompañado de un jarro de agua fría para las comunidades: en el documento sometido a consulta pública, Hacienda advierte a las autonomías de que no podrán gastar los entre 5.000 y 7.000 millones de euros que se puedan ahorrar en pago de intereses por la reducción de deuda.
El procedimiento de consulta pública abierto este miércoles busca recabar, durante un plazo mínimo de 15 días, la «opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma», cuyo principal objetivo es «promover la vuelta de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados».
Para ello, se plantea que el Estado asuma una parte de la deuda en la que incurrieron durante la crisis financiera (entre 2009 y 2013). En concreto, Hacienda ha propuesto perdonar 83.252 millones de euros al conjunto de las autonomías, según adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 24 de febrero. Montero anticipó entonces que las autonomías podrían ahorrarse entre 5.000 y 7.000 millones de euros.
Ahora, bien, en el documento sometido a información pública se subraya que con el futuro proyecto de ley también «se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral», a través de la aplicación del artículo 12 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, «que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto».
En efecto, en su punto quinto, el citado artículo establece que «los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública».
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