Pocas veces el Gobierno lleva una reforma al Consejo de Ministros, que además defiende como “la mayor transformación de la justicia en décadas”, para acto seguido rebajar las expectativas y mostrarse pesimista sobre las mayorías parlamentarias necesarias para sacarla adelante. Este es el caso de la reforma del estatuto fiscal para desvincular el mandato del fiscal general del Gobierno y reforzar las decisiones colegiadas, otorgando la investigación penal a los fiscales. El ministro impulsor de la reforma, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reconoció que “no soy optimista, soy realista”, sobre un eventual apoyo del PP, nada más aprobarla este martes el anteproyecto. La norma, que además se incluirá dentro de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal como una disposición adicional, complicando todavía más el equilibrio negociador, requiere de mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica.
Salga o no adelante, en un contexto de debilidad parlamentaria del Ejecutivo, en Moncloa subrayan que dejan clara su voluntad de cumplir con las exigencias de Bruselas y lanzan la pelota al tejado de Génova. Desde hace más de una década, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva demandando a nuestro país reformas para reforzar la autonomía del Ministerio Público. No en vano, España es el «único país donde la instrucción de las causas penales todavía la llevan los jueces de instrucción», como remarcó Bolaños. El Gobierno cumple así con la UE y lanza con pocas expectativas el mensaje de que el PP debe corresponsabilizarse en el Congreso por altura de Estado.
El desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también demandada por Bruselas, ya requirió la medición del excomisario de Justicia, de la misma familia política europea que el PP, entre los dos principales partidos. Aquel acuerdo generó presiones dentro y fuera de las filas del PP. Desde Vox se sigue utilizando para deslegitimar la estrategia de oposición de los populares por “repartirse” los vocales y pactar “el control político de la justicia”. Con su congreso nacional fijado para el próximo 5 y 6 de julio, el sector duro de Génova ya se ha precipitado a exigir una posición política para “derogar” todas las leyes del Gobierno.
La primera reacción del PP a la reforma fue criticar al Gobierno por intentar “blindar” al fiscal general del Estado con esta reforma. Una «vergüenza» y una lectura que, según el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, demostraría que Sánchez actúa “como un autócrata”. Los populares no solo han tomado distancias con la iniciativa, sino que la han vinculado a que el jefe del Ejecutivo «está tan nervioso por la agenda judicial del Gobierno que quiere controlarlo absolutamente todo«.
Sobre este punto, aun sin referirse directamente a las críticas del PP, Bolaños ha tratado de salir al paso asegurando que la entrada en vigor, de aprobarse en el Congreso, sería «el 1 de enero de 2028, por lo que afectaría al fiscal general que nombre el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones. “Si en 2027 los ciudadanos deciden que sigamos gobernando, nombraremos a un fiscal general del Estado, que será al que se le aplique la reforma. Pero en ningún caso podrá ser el actual fiscal general porque ya ha cumplido dos mandatos”, aclaró.
El anteproyecto, sin embargo, incluye una disposición transitoria única donde se señala que quien desempeñe las funciones de Fiscal General del Estado a la entrada en vigor de la presente ley continuará en el ejercicio de su cargo por el tiempo que restare de la duración de su mandato desde su nombramiento hasta completar el plazo de cinco años. Se blindaría así el mandato de Álvaro García Ortiz, a quien renovó el Gobierno en diciembre de 2023. El borrador establece además en su disposición final cuarta que esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con las únicas excepciones de los artículos «relativos a la nueva atribución de la función investigadora al Ministerio Fiscal que entrarán en vigor en el plazo que se establezca en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con este cambio de modelo procesal penal».
El Gobierno se acoge además, como señala la exposición de motivos, a que la reforma responde a “las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en las distintas evaluaciones efectuadas al Reino de España a lo largo de los últimos años”. Un escudo que permite al Ejecutivo derivar la presión sobre el PP a Bruselas, como en el caso del CGPJ, además de recurrir a la crítica habitual por su rechazo a medidas de interés general de no actuar como un “partido de Estado”.
Reclamaciones históricas y un fiscal investigado
La idea de disociar los mandatos del fiscal general y del Gobierno ya había sido apuntada en 2022 por el que fuera comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en una de sus visitas a España, y a ello hay que sumar que el último informe sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado a finales del pasado mes de julio, que reconocía «algunos avances» para fortalecer el estatuto del Fiscal General, pero los consideraba insuficientes y pedía más esfuerzos en este sentido.
La reforma propuesta también puede interpretarse como una respuesta a los movimientos del PP a nivel europeo, como el realizado el pasado mes de febrero por la portavoz de los de Núñez Feijóo en Europa, Dolores Montserrat, al solicitar al actual comisario de Justicia, Michael McGrath, para que estudiara la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como «desviación del Estado de Derecho» en España. Se sumaba con ello la iniciativa planteada por los populares e en el Congreso unos meses antes, cuando registraron una iniciativa para emplazar Gobierno a cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado, dentro de una estrategia de lucha contra la corrupción.
Reforma de Estatuto Fiscal no afectará al actual fiscal general y entrará en vigor en 2028 / EP
El pasado adelante dado por el Gobierno coincide, en todo caso, con la fase final de la investigación por un delito de revelación de secretos a la que García Ortiz está sometida en el Tribunal Supremo. Se le imputa haber actuado en perjuicio del derecho de defensa de Alberto González Amador, el empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso imputado por fraude a Hacienda y otros delitos.
A la espera de las últimas diligencias en el alto tribunal — la comparecencia de los peritos de la Guardia Civil este viernes y la declaración del propio González Amador el próximo 23 de mayo– , la acusación que ejerce contra el fiscal general una asociación minoritaria de fiscales, la Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha reclamado este mismo martes al juez instructor Ángel Hurtado que realice las diligencias pendientes y siente ya a García Ortiz en el banquillo. Considera que ya existe contra él «una abrumadora prueba», porque «nadie borra su inocencia», en referencia al borrado del teléfono que realizó el máximo responsable del ministerio público después de que el alto tribunal abriera el procedimiento.
