El Congreso, con Sánchez y Díaz ausentes, rechaza el Tratado de Amistad con Francia que el PP recurrió por inconstitucional

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en enero de 2023 en Barcelona. La votación supone un duro golpe al Gobierno y un nuevo fracaso en su relación con los socios parlamentarios: el texto ha cosechado 171 votos en contra (los del PP, Vox y UPN) frente a sólo 163 a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Coalición Canaria).

La abstención de los siete diputados de Junts y de los cuatro de Podemos ha sido determinante para que el acuerdo no saliera adelante. Aun así, la votación se celebró con la llamativa ausencia del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El Tratado contemplaba mecanismos de integración sin precedentes entre los dos Gobiernos, entre ellos la participación recíproca en Consejos de Ministros. Además, profundizaba en la hoja de ruta bilateral revisable y el refuerzo de la cooperación diplomática, educativa, defensiva y judicial.

El Partido Popular sostiene que algunas de estas medidas suponen «una cesión de soberanía incompatible con la Constitución española». Por eso, el texto ya había sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Senado, la otra Cámara que debía ratificarlo.

Por iniciativa del PP, el pasado febrero, se requirió al TC que se pronunciara por uno de los compromisos adquiridos entre Sánchez y Macron, que «un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación» (artículo 2.4).

Esta cláusula, a imagen y semejanza de la práctica que mantienen Francia y Alemania desde hace décadas, era el principal punto de fricción entre el Ejecutivo y la oposición. El PP considera que vulnera el artículo 98 de la Constitución, que delimita la composición del Consejo de Ministros y reserva su asistencia a miembros del Gobierno español y, en casos excepcionales, al Rey.

El PP llevó el tratado al Constitucional por ese motivo, acusando además al Gobierno de querer colar «de tapadillo» una reforma legislativa ad hoc en el proyecto de ley sobre Paridad y Eficiencia de la Justicia.

«Volver a empezar»

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular aseguran a EL ESPAÑOL que, además, «Sánchez lo ha traído al Congreso sin tener los votos, y ahora tiene que volver a empezar». Al ser preguntadas estas fuentes por si eso implica reabrir la negociación con Francia, un portavoz se limita a apuntar: «Ésa es una pregunta para ellos [el Gobierno], pero respecto al Congreso, tienen que volver a iniciar la tramitación».

La derrota, en este caso, deja en evidencia al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se había comprometido, durante su encuentro con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, el pasado 24 de enero en París, a que España ratificaría el tratado «antes del verano».

El texto había superado el primer trámite parlamentario el pasado 6 de mayo, con el voto favorable de la mayoría en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde el PP se abstuvo entonces «por responsabilidad institucional», según justificaron. Aun así, recibió una reprimenda de Albares, que acusó al PP de querer «boicotear» las relaciones de España con sus vecinos, «tanto con Marruecos como con Francia».

Sin embargo, este jueves los de Alberto Núñez Feijóo han virado al ‘no’ y sus fuerzas se han visto apoyadas por Vox y UPN para tumbar el acuerdo. Con esta votación, el Tratado queda formalmente rechazado y su tramitación tendrá que reiniciarse desde el principio si el Ejecutivo decide insistir.

La caída del documento, que «profundiza y estructura» las «estrechas relaciones» entre el Reino de España y la República Francesa, para «intensificar su diálogo y su cooperación», no es sólo un revés político para el Gobierno, también afecta a las relaciones bilaterales.

Mientras París ya dio por ratificado el Tratado, pues es prerrogativa del presidente, España no podrá hacerlo hasta que logre reunir una mayoría suficiente en el Parlamento. Ahora, se abre una incertidumbre política: o bien el Gobierno vuelve a intentar su ratificación, o bien denuncia el documento ante la República Francesa y retira la firma de Sánchez.

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