El Gobierno catalán ha introducido por primera vez el abolicionismo de la prostitución en su plan de políticas de igualdad de género. Las medidas, que aún se están elaborando y cuya implementación está prevista para el primer semestre de 2026, están alineadas con la posición del partido socialista, que sostiene que «la prostitución no es un trabajo, sino una forma de explotación«. El abordaje de esta cuestión no tiene una respuesta unívoca en el movimiento feminista ni en los partidos políticos, que se debaten entre proporcionar derechos a una actividad incómoda pero que nada tiene que ver con las perseguidas redes de tráfico sexual de personas (regular) o intentar acabar con ella (abolir). Ante esta disyuntiva, ¿cómo abordan los distintos países la prostitución en sus legislaciones?
De Alemania suelen afirmar los propios medios del país que es el mayor burdel legal de Europa. La prostitución no está prohibida, ni para quienes la ejercen ni para quienes pagan por tener sexo ni siquiera para los proxenetas, siempre que no abusen de su posición de dominio. Está regulado por la llamada Ley de Protección de la Prostitución, con la que se pretende defender los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras del sexo y evitar su explotación. Se aprobó en 2002, se mejoró en 2017 y en ella se establece la obligatoriedad de registrarse para ejercer ese oficio, así como de someterse a revisiones médicas regularmente.
Hay unas 40.000 personas registradas como tales. Un 35% de ellas son mujeres procedentes del este de Europa. Pero la cifra real de quienes ejercen ilegalmente la prostitución se estima en unas 400.000 personas, absolutamente desprotegidas y a merced de las mafias que las explotan.
Ante los problemas de esta regulación, el bloque conservador en el Parlamento elevó el año pasado una moción para su prohibición. Quedó atascada en el trámite parlamentario. Es una de las asignaturas pendientes que han pasado a la actual legislatura, en la que el conservador Friedrich Merz gobierna una coalición con los socialdemócratas como socios.
Custodiar a los trabajadores del sexo y penalizar a sus clientes: esta es la fórmula del llamado modelo nórdico, que implantó por primera vez Suecia en 1999. De ahí fue ‘importado’ en las décadas siguientes a varios países de la región, como Islandia y Noruega. Pagar por tener sexo puede conllevar sanciones económicas o incluso la cárcel, con penas de hasta un año de prisión. Noruega va más lejos y prohíbe también a sus ciudadanos pagar a cambio de servicios sexuales en el extranjero.
El propósito es rebajar la demanda de trabajadores y trabajadoras del sexo, dado que el cliente se expone a la multa o incluso la cárcel. Los servicios sociales facilitan a las personas que ejercen la prostitución el acceso a viviendas sociales, a cursos de idiomas y a la sanidad pública. Según estimaciones de las autoridades suecas, en los 25 años transcurridos desde la aprobación de la ley se ha reducido a la mitad el número de mujeres que ejercen la prostitución. Los críticos aseguran, por contra, que esas personas han pasado a la ilegalidad, donde sus clientes potenciales no se sienten ‘vigilados’.
Hasta hace bien poco, el céntrico barrio de Ámsterdam poblado de ‘escaparates’ era un lugar de visita casi obligada para el turista medio de esa ciudad neerlandesa. Ahí se exhibían principalmente mujeres, trabajadoras del sexo, en busca de sus potenciales clientes y debidamente resguardadas. De acordarse un servicio sexual, simplemente se corre le cortina ante el escaparate.
Lo de Ámsterdam no era una situación única en el país, pero sí la más conocida como paradigma de una legislación extremadamente liberal. En Países Bajos la prostitución está regulada en términos semejantes a los de cualquier otro negocio. La ley vigente desde 2000 regula el ejercicio de esta actividad, quienes la ejercen deben registrarse, pagar impuestos y visitar regularmente el médico.
Hace un par de años, la decisión de las autoridades de Ámsterdam de ‘limpiar’ de prostitución y escaparates esa zona ciudadana, conocida como ‘De Wallen’ o ‘barrio rojo’, puso en pie de guerra tanto a quienes la ejercen como a dueños de comercios y cafés no relacionados con ese ámbito pero que sacaban partido del imán turístico. En lugar de quedar diseminados por el barrio, la actividad se trasladaría a un gran burdel o bloque con un centenar de cabinas individuales, más espacios comunes, tiendas de productos eróticos y también puestos de atención sanitaria. La resistencia al traslado se ha convertido en un nuevo hito en el modelo de prostitución neerlandesa, aunque en este caso una ciudad que, si de algo no precisa, es de atraer a más visitantes. Como otras ciudades europeas, Ámsterdam sufre el impacto del turismo masificado.
Nueve años después de la ley de 2016, que consiguió marcar un cambio importante sobre cómo la política percibía el trabajo sexual en Francia, la «violencia en la prostitución» sigue siendo «en gran medida invisible» en Francia, según el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres.
Tras la implementación de esta ley, Francia eliminó el delito de prostitución y lo sustituyó por la criminalización de los clientes, con multas de entre 1.500 y 3.750 euros en caso de reincidencia. Además, se aprobó una ayuda financiera para la integración social de la víctimas de prostitución de la que se han beneficiado 1.783 personas desde 2017.
Sin embargo, las últimas cifras demuestran que estas medidas no son suficientes. En 2024 se registraron 1.579 víctimas de proxenetismo, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2021. De esa cifra, 920 eran adultas y 659 menores de edad. Esta última cifra preocupa en especial a las autoridades, ya que el número de menores registrados como víctimas de proxenetismo ha aumentado el 14% desde 2021.
Unas cifras al alza que algunas voces relacionan con la celebración de grandes eventos en los últimos años, como los Juegos Olímpicos de París en 2024, o la Liga de Campeones de la UEFA en 2022.
La prostitución organizada (proxenetismo) es ilegal en Italia, pero la prostitución ejercida de forma individual –es decir, cuando una persona ofrece servicios sexuales de manera autónoma– es legal. Tanto es así que, desde este año, esta actividad cuenta incluso con un código de identificación fiscal específico: el 96.99.92. Esta nueva clasificación, en vigor desde abril, permite que quienes la practican como trabajadores autónomos puedan registrarse formalmente, pagar impuestos y cotizar a la seguridad social.
Por el contrario, están penalizadas todas las formas de explotación de la prostitución ajena, como los burdeles o cualquier actividad que obtenga beneficios económicos mediante el control o la organización del trabajo sexual de otras personas. Esto incluye, por ejemplo, los centros de masajes que ofrecen servicios sexuales encubiertos. Además, la prostitución en la vía pública puede ser sancionada con multas administrativas, especialmente cuando genera molestias a la comunidad o se practique en zonas turísticas o residenciales.
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