El Gobierno avanzará este martes de forma definitiva en su objetivo de otorgar la instrucción penal a los fiscales, y para ello llevará al Consejo de Ministros una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dota de mayor autonomía a la figura del fiscal general, lo que se considera una condición inexcusable para poder realizar esta reforma. La propuesta, dirigida a «potenciar la imparcialidad del Ministerio Público», según reza la exposición de motivos, incluye disociar la duración del mandato del fiscal general del Estado y la del Gobierno, así como consolidar las causas tasadas para su cese.
Además, se suprimirá la posibilidad de que el fiscal general del Estado pueda ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros, se regulará que las comunicaciones entre ambos sean por escrito –una reivindicación histórica de la carrera– y se reforzará el papel de la Junta de Fiscales de Sala. Se trata de la cúpula de la carrera, que integran los máximos responsables en cada especialidad, y la reforma busca colegiar la impartición de instrucciones particulares por parte de quien ese momento ostente el cargo de fiscal general.
