El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a Aragón ante el Tribunal Constitucional por negativa a proporcionar datos sobre el número de menores que acoge en estos momentos la Comunidad.
La decisión ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Sira Rego, que en las últimas semanas venía advirtiendo a la DGA de que recurriría a la Justicia en caso de no rectificar. El recurso tomará la forma de un conflicto positivo de competencias y supone un nuevo frente abierto entre populares y socialistas.
El Gobierno entiende que el Ejecutivo autonómico, y en especial la Consejería de Bienestar y Familia que lidera Carmen Susín, no han atendido «a las exigencias del deber de colaboración” marcadas por el real decreto para el reparto de menores ante las “contingencias migratorias extraordinarias” que se vienen dando en los últimos meses.
La propia ministra y portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el plazo para enviar los datos ya ha terminado y que «el decreto ley aprobado es de obligado cumplimiento para todos los territorios».
Esas cifras son necesarias para establecer el cupo de cada comunidad, pero desde el Gobierno de Jorge Azcón se han negado desde un primer momento a facilitarlas al considerar que se estaba primando el interés político de Sánchez y beneficiando a Cataluña y País Vasco. De hecho, ha sido la única región que no ha aportado las estadísticas, y la intención sigue siendo recurrir todos los actos administrativos que deriven de este real decreto.
La reacción de Aragón
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha recalcado que si Aragón se negó a dar esos datos es «porque el Gobierno de España está incumpliendo la ley».
«Está conculcando los principios de igualdad en los criterios de reparto de menores y delegando la política de inmigración a Junts, un partido en el que quien toma las decisiones es un prófugo de la justicia. No estamos dispuestos a que se conculque el principio de igualdad, y que tome esas decisiones un prófugo de la Justicia», ha aseverado.
Con esta acción, la DGA «está defendiendo a los aragoneses a través de los instrumentos jurídicos que cree oportunos». «Entendemos que el Gobierno de España haga lo propio, pero nosotros defendemos el principio de igualdad y nos negamos a que Junts y Puigdemont tomen las decisiones sobre política de inmigración. Creemos que nos ampara la ley y estamos esperando esas resoluciones», ha expuesto.
