El debate del Tribunal Constitucional sobre la amnistía de los responsables del ‘procés’ catalán, que se centrará en el recurso interpuesto por los diputados y senadores del PP, comenzará a mediados de junio, tal como tiene previsto el presidente de la Corte de garantías.
Cándido Conde-Pumpido no acogerá la petición que ayer le hicieron los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, de que paralice la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP para analizar antes la conveniencia de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial.
Así lo indican fuentes del TC, que señalan que, si en el curso de la deliberación, se plantea la necesidad de formular una cuestión prejudicial se analizará «en ese momento», pero no se va a abortar el comienzo del debate de un recurso que fue interpuesto hace ocho meses.
«No tiene mucho sentido que, cuando estamos a punto de estudiar un asunto, lo suspendamos», dicen estas fuentes, que aseguran que el borrador de la ponencia, fruto del trabajo de un grupo de letrados, «no está terminado», pero «lo estará para cuando se haga el señalamiento» del debate por el pleno.
En un escrito conocido por EL ESPAÑOL, los magistrados Tolosa, Espejel y Arnaldo indican que, si el TC no plantea su propia cuestión al TJUE, debe suspender la resolución del recurso del PP «mientras no se proceda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dictar sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas», dada la «homogeneidad existente entre las dudas planteadas al TJUE y las que son objeto de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad» por parte del PP y de los demás recurrentes.
Los magistrados advierten, además, de que un eventual fallo del TC avalando la constitucionalidad de la amnistía a los responsables del ‘procés’ catalán «no podría aplicarse con carácter inmediato» y ello porque «la aplicabilidad de la norma nacional, aun constitucional, está condicionada a que el Tribunal de Justicia de la UE, al responder a las cuestiones prejudiciales pendientes, declare que [la ley de amnistía] respeta el Derecho de la Unión».
Cuestiones coincidentes
El escrito analiza las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un Juzgado de lo Penal de Vilanova i La Geltrú. Constata que las cuestiones sobre las que plantean dudas de compatibilidad con el Derecho europeo, entre ellas la malversación de fondos públicos utilizados por los responsables del ‘procés’, coinciden con las que debe resolver el TC desde el punto de vista de su constitucionalidad.
«Esa confluencia entre las cuestiones planteadas, unida al hecho de que esté también en cuestión uno de los valores que definen la esencia de la UE como es el Estado de Derecho y los principios que de él derivan, exige una cooperación sincera y legal con el TJUE», sostienen Tolosa, Espejel y Arnaldo, que abogan por que el TC presente su propia cuestión prejudicial.
A su juicio, eso sería lo deseable porque «es la única oportunidad que puede tener el Tribunal Constitucional de explicar las exigencias que se derivan de la Constitución Española y su proyección sobre la ley de amnistía».
Pero, «en caso de no dirigirnos al TJUE», indican, la decisión «más prudente» es esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión a las cuestiones prejudiciales ya existentes.
Fallo «inaplicable»
«De lo contrario», explican, «si el TC declara la constitucionalidad de la ley de amnistía sin plantear una cuestión prejudicial y sin esperar a la respuesta del TJUE se daría la paradoja de que la norma, aun declarada constitucional, no podría aplicarse con carácter inmediato, ni tampoco podría serlo, por lo tanto, la sentencia del TC».
Eso sería así porque la aplicabilidad de la amnistía, incluso habiendo sido declarada constitucional, está condicionada a que el TJUE «declare que respeta el Derecho de la Unión».
Adelantándose a un escenario posible, ya que el Tribunal Supremo no ha descartado acudir al TJUE, el escrito dirigido a Conde-Pumpido señala que «aun cuando el TC declare la conformidad con la Constitución Española de la ley de la amnistía, tras la sentencia que dicte el TC los órganos judiciales siguen estando facultados para plantear el TJUE las dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión que les asistan».
Más aún, los magistrados consideran que la «obligación de espera» no solo afecta a los órganos que ya se han dirigido al TJUE sino que «es extensible» al resto de procedimientos pendientes de la amnistía porque solo así «podrá garantizarse la plena eficacia» del pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo.
El planteamiento de estos tres magistrados supondrá, de confirmarse, un revés para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exmiembros del Gobierno catalán. El primero está pendiente del fallo del TC para poner fin a su fuga de España, que dura ya más de siete años, mientras que el segundo espera el levantamiento de la inhabilitación que aún está cumplimiento tras ser condenado por malversación. En la misma situación que Junqueras está el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
Si el fallo del TC, previsiblemente favorable a la amnistía, resultara inaplicable, tendrán que seguir esperando.
