El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado incorporar a la causa en la que se investiga a José Luis Ábalos el rescate de la aerolínea Air Europa, como pretendía la acusación popular que ejerce el PP, pero mantiene que existen «robustos indicios» de que el exministro pudo utilizar su influencia para favorecer a determinadas empresas como la aerolínea o la mercantil de hidrocarburos Villafuel.
El instructor del Supremo no considera pertinente solicitar la documentación relativa al rescate de Air Europa, una decisión respecto a la que, al igual que sucede con la concesión de la licencia a Villafuel para operar en el mercado de hidrocarburos, «no consta indicio alguno» de ilegalidad en la causa que tramita el alto tribunal.
Pero esta apreciación no impide al instructor constatar que Ábalos y su asistente de confianza, Koldo García Izaguirre, sí habrían «abierto puertas» para que el rescate y la licencia se acordaran con rapidez por los órganos competentes.
La resolución indica que entre Ábalos, García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, que actuaba de intermediario con las empresas beneficiarias «a cambio de determinados beneficios económicos de los que habrían disfrutado» los dos primeros, se mantuvo una relación en el tiempo «de forma estable y estructurada, con reparto de funciones y atribución de papeles y con un carácter indiciariamente indefinido».
De esta manera, «los premios económicos que recibirían Ábalos y García no siempre guardaban correspondencia directa con cada uno de los actos o negocios que favorecían a instancia de Aldama», aprovechándose el primero de su condición de ministro y el segundo de su papel de asesor de confianza.
En este contexto, afirma el instructor, «han de situarse las conductas vinculadas tanto a la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos de la empresa Villafuel como las relativas a la obtención del
‘rescate’ por parte de Air Europa».
En relación con Villafuel, los informes de la UCO y las declaraciones prestadas por los empresarios Aldama y Carmen Pano constituyen «un robusto conjunto de indicios» expresivos de que el primero interesó de Ábalos y García que «favorecieran la tramitación de la licencia de hidrocarburos, propiciando con los órganos competentes para ello la celebración de las reuniones precisas».
A cambio, Claudio Rivas, dueño de Villafuel y beneficiario directo de la licencia, habría adquirido un chalé en Cádiz que Ábalos disfrutó durante una temporada.
Contactos, trámites, gestiones
La función de Ábalos y García, que no eran competentes para tramitar esa licencia en Transportes, «se habría limitado en este caso a ‘abrir puertas’, a facilitar contactos, a agilizar trámites, con el propósito de favorecer los intereses que Aldama promovía».
El juez añade que «en el mismo sentido, ahora con relación al ‘rescate’ de Air Europa, obran indicios de que Ábalos y García habrían emprendido gestiones orientadas -nuevamente a impulsos de
Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa- a que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad».
Puente hace alusión a la nota de prensa emitida por Transportes alimentando la idea de que el rescate estaba a punto de concederse, a cambio de lo cual el entonces titular del Ministerio pudo disfrutar de un chalé en Marbella.
El instructor añade que, en el caso de Air Europa, «parece que la empresa (concretamente el sr. Hidalgo), según una vez más resulta de los informes de la UCO, pudo haber considerado en un determinado momento que el esfuerzo que estaban realizando Aldama, Ábalos y García, resultaba
infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías».
En todo caso, el magistrado adelanta que no es objeto de la causa que instruye el rescate de la aerolínea. «Si la acusación popular considera la existencia de indicios de cualquier actuación irregular», indica, «deberá hacerlo valer ante los órganos jurisdiccionales competentes».
Pero ese órgano no es el Tribunal Supremo, que solo entraría en el rescate de la aerolínea si surgen indicios que «pudieran apuntar sólidamente» a la eventual responsabilidad de alguna persona
aforada.
