Apenas 48 horas después de que el concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, anunciase un gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente, que puede ser de entre un 50% y un 150%, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas afirmó que la Xunta «está en contra del intervencionismo, prohibición y la gravación» a viviendas vacías. En este sentido, María Martínez Allegue hizo referencia este domingo a las diferentes líneas de ayudas del Gobierno gallego en materia de vivienda y apostó por incentivar la construcción de obra pública. «Nosotros estamos en contra del intervencionismo, prohibición y gravación. Ahora bien, todas las medidas que sean puestas por parte de las administraciones, tanto Xunta como ayuntamientos, para paliar este problema son bienvenidas», apuntó en una entrevista en la Cadena Ser.
Asimismo, preguntada sobre si el Ejecutivo autonómico ha recibido algún tipo de petición para la declaración de mercado residencial tensionado en el Concello de Santiago, la conselleira de Vivenda señaló que «no recibieron ninguna solicitud formalmente». Sobre este asunto, el edil de Urbanismo de la capital gallega avanzó este viernes que están ultimando el plan que presentarán a la Xunta, redactado en base a las competencias municipales aplicables. Este proyecto, indicó Lestegás, tiene dos líneas principales de actuación: optimizar el uso del parque residencial y ampliar la oferta de vivienda protegida.
Desde Raxoi apuntaron que llevarán esta serie de medidas a la segunda reunión de la mesa sectorial el 22 de mayo para, después, realizar los últimos cambios sobre ellas. A continuación, la solicitud deberá ser aprobada por la junta de gobierno local. Una vez sea remitida oficialmente a la Xunta, la administración autonómica tendrá seis meses para resolverla.
Declaración de zona tensionada
En materia de vivienda, el plan diseñado por Urbanismo contempla la creación de una sociedad urbanística pública y la construcción y rehabilitación de pisos municipales. Además, señalan que la declaración de zona tensionada permitirá al Concello acceder a fondos estatales, tal y como contempla la legislación.
Asimismo, subrayan que, de conseguir esta declaración, el principal objetivo es la limitación del precio del alquiler. Así, una vez se declare la zona de mercado residencial tensionado, «tendría como consecuencia el establecimiento de medidas de contención de precios», destacaba el pasado viernes el edil de Urbanismo.
«Esta declaración es un instrumento temporal y provisional», indicó, ya que dura un total de tres años, por lo que «no es un fin en sí mismo», subrayó. «Es un objetivo para contener el incremento de los precios de la vivienda, mientras se adoptan estas soluciones ya de tipo estructural», incidió Lestegás.
Ley de la vivienda
Además, añadió que la Ley de la vivienda recoge que la declaración de zona tensionada «conllevará a la redacción, por parte de la administración competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados».
En este sentido, criticó que la Xunta «decidió» a través de la Ley de medidas fiscales administrativas de 2023 que los ayuntamientos, «además de asumir todo el trabajo de diagnóstico y de justificación», tenían que «elaborar y remitir un proyecto de plan de medidas correctoras».
«Le estamos haciendo el trabajo a la Xunta de Galicia», afirmó Lestegás, ya que considera que, al ser la administración competente para emitir la declaración, también será la que tiene que «justificar el cumplimiento de los requisitos». «La Xunta ha dicho: ‘Que se ocupen los ayuntamientos’», señaló.
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