La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional no tiene intención alguna de retrasar la resolución de los recursos relativos a la amnistía. Por eso rechazarán el último intento de sus compañeros Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa de paralizar las deliberaciones al elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a si la medida de gracia, en lo retativo al delito de malversación de caudales, afecta a los intereses europeos y, por tanto, es contraria al derecho de la UE.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO consideran que se trata de un intento de volver a cuestionar al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, cuya intención siempre ha sido haber resuelto el recurso del PP antes de que el pleno se disuelva para disfrutar de las vacaciones veraniegas. Con esa sentencia se sentarán las bases sobre la constitucionalidad de la medida de gracia y su criterio se extenderá al resto de impugnaciones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha, así como a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Audiencia Provincial de Madrid.
La iniciativa de los tres magistrados de sensibilidad conservadora, adelantada por ‘El Mundo’, será rechazada al menos con los votos de los seis magistrados progresistas que participan en las deliberaciones de la amnistía, después de que Juan Carlos Campo se abstuvo de hacerlo, al haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la ley en los informes que emitió como ministro de Justicia en los indultos a los condenados del ‘procés’.
Conscientes de las escasas posibilidades de éxito con que cuenta su iniciativa, Espejel, Tolosa y Arnaldo plantean a sus compañeros que, en el caso de que su propuesta sea rechazada, la corte de garantías espere a que el TJUE se pronuncie sobre las ya elevadas por otros tribunales antes de resolver el recurso del partido que preside Alberto Núñez Feijóo. Una de ellas fue elevada por el Tribunal de Cuentas y supuso la paralización de la sentencia que debía dictar por la responsabilidad contable en la que podrían haber incurrido de 34 líderes del ‘procés’ por el 1-O y la Acción Exterior de la Generalitat.
