Una docena de directivos del consorcio público Barcelona Supercomputing Center BSC-CNS (participado por el Gobierno y la Generalitat), que gestiona el súpercomputador MareNostrum, gastaron de forma ilegal más de un millón de euros mediante tarjetas de crédito con cargo a la institución, según determinó el Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía Europea investiga ahora presuntas irregularidades en el contrato de 8,1 millones de euros que este consorcio adjudicó en 2022 para comprar un ordenador cuántico, el primero que operará en el sur de Europa, tal como destacó el Gobierno.
A instancias de la Fiscalía Europea, agentes de la UDEF registraron el pasado miércoles la sede del BSC-CNS en Barcelona para incautar la documentación de dicho contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, como ha informado EL ESPAÑOL.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha sido designada juez de garantías en esta investigación, en la que se pretende determinar si se ha producido una malversación de fondos europeos.
El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Computación (BSC-CNS) es un consorcio público constituido en marzo de 2005 para gestionar el supercomputador MareNostrum, instalado en Barcelona. Está formado por el Ministerio de Ciencia y Universidades (60%), la Generalitat (30%) y la Universidad Politécnica de Cataluña (10%).
El Tribunal de Cuentas emitió en febrero de 2024 un informe de fiscalización que detectó numerosas irregularidades en la gestión de este consorcio entre 2015 y 2022.
Además del gasto ilegal con tarjetas de crédito de la institución (más de un millón de euros en dicho período), el órgano fiscalizador determinó que la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha incumplido sistemáticamente, año tras año, la contribución que se había comprometido a realizar para el sostenimiento de este organismo.
El director del BSC-CNS, Mateo Valero, Pedro Sánchez y la ministra Diana Morant, el 10 de marzo de 2023 durante su visita al superordenador MareNostrum 5.
Europa Press
Por tanto, estas irregularidades eran conocidas cuando los ministros Diana Morant y Oscar López anunciaron, el pasado mes de diciembre, que el Gobierno inyectará en el BSC-CNS otros 61,76 millones de euros para desarrollar «la primera fábrica de inteligencia artificial en nuestro país«.
Los mismos ministros participaron el pasado 5 de febrero en Barcelona en la presentación del ordenador cuántico, cuyo contrato investiga ahora la Fiscalía Europea.
El contrato fue adjudicado el 25 de noviembre de 2022 por el BSC-CNS, por 8,1 millones de euros, a una UTE formada por Qilimanjaro Quantum Tech y la multinacional de telecomunicaciones GMV.
La empresa que lideraba la oferta (la única que se presentó al concurso), Qilimanjaro, está participada por el propio consorcio que adjudicó el concurso. Así consta en la propia página web del BSC-CNS, en la que Qilimanjaro aparece como una de sus 10 spin-off (filiales o sociedades participadas).
De hecho, el consorcio público colocó en julio de 2024 a uno de sus investigadores, Pol Forn Díaz, en el consejo de administración de la empresa a la que ha adjudicado el contrato millonario del ordenador cuántico.
En un principio, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) tenía una participación del 5% en el accionariado de Qilimanjaro Quantum Tech. Pero tras una ampliación de capital, esta participación quedó diluida hasta el 0,3% en 2021, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas.
En su dictamen, el órgano fiscalizador explicaba que, para explotar los resultados de sus actividades de investigación, el BSC-CNS ha participado en la constitución de una decena de spin-off o sociedades participadas, recurriendo a la fórmula prevista en el artículo 56 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.
Pero advertía que la presencia de algunos de sus investigadores en los órganos de administración de estas sociedades participadas puede dar lugar a situaciones de incompatibilidad.
La única oferta
La oferta liderada por Qilimanjaro no sólo fue la única que se presentó al concurso del ordenador cuántico que ahora investiga la Fiscalía Europea. Su oferta técnica recibió la máxima puntuación en casi todos los apartados del pliego de condiciones diseñado por su grupo matriz, BSC-CNS.
El presidente de Qilimanjaro Quantum Tech es el abogado Jordi Blasco Arasanz, que figura en los órganos de administración de 27 sociedades. En 2013 fue uno de los impulsores de la Asociación de Empresas de Fusiones y Adquisiciones.
Entre otras actividades, es uno de los administradores de la sociedad Arenal & Dunas Resort, que explota un complejo hotelero de lujo promovido por el magnate británico Richard Branson (propietario del holding Virgin) en la finca Son Bunyola de Mallorca. En el pasado, Jordi Blasco también estuvo vinculado a la productora de televisión Vértice 360 como consejero.
Antes de que la Fiscalía Europea iniciara su investigación sobre el contrato del ordenador cuántico, el Tribunal de Cuentas había detectado múltiples irregularidades en la gestión del consorcio público BSC-CNS.
Las tarjetas Visa Oro
Según su dictamen, una decena de directivos usaban de forma discrecional 17 tarjetas de crédito, para pagar la compra de equipos informáticos, pero también gastos de alojamiento y representación en hoteles y restaurantes de Barcelona, con cargo a la entidad.
Esta práctica, advertía el Tribunal de Cuentas, es contraria a los estatutos del consorcio, a la Ley 47/2003 General Presupuestaria y a la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado.
En concreto, 13 directivos del consocio público gastaron en 2018 un total de 734.923 euros con estas tarjetas Visa. Y otros 356.189 euros en el ejercicio 2021. En total, algo más de un millón de euros.
El Tribunal de Cuentas hizo constar en su informe que muchos de estos pagos «carecen de la necesaria memoria explicativa que acompañe a los justificantes, mediante la cual se pueda verificar de forma clara la necesidad que se atiende, el beneficio o utilidad para la Administración y la indicación de los nombres y cargos de los interesados».
Gastos sin justificación
Como justificación, el BSC-CNS aportó al órgano fiscalizador un contrato con una entidad financiera «que está sin firmar y que no indica el número de tarjetas que se expiden«, ni sus condiciones de uso.
El informe de autoría de las cuentas del BSC-CNS realizado por la Intervención General del Estado constató que en 2023 ya sólo estaba operativa una de estas tarjetas Visa Oro, utilizada por el director del consorcio, Mateo Valero Cortés, con un gasto de 51.374 euros en aquel ejercicio.
Mateo Valero es ingeniero superior de Telecomunicación y, desde 1983, catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El 3 de febrero de 2021 participó en un acto electoral de apoyo al PSC, junto a la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.
En los órganos de dirección del BSC-CNS hay un representante del Ministerio de Transformación Digital (la secretaria de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial, María González Veracruz) y tres del ministerio de Ciencia y Universidades: el secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz; la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, y el subdirector general de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas, José Ignacio Doncel.
