La reducción de la jornada laboral a
37,5 horas semanales aún tiene que ser tramitada en el
Congreso y el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta con los apoyos
suficientes para sacarla adelante. El PSOE tendrá que emplearse a
fondo para hacer cambiar de opinión a Junts que ha confirmado que
presentará una enmienda de totalidad al proyecto de ley impulsado
por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Pese a las dificultades, los empresarios de Asturias, como los de
toda España, ya dan vueltas en su cabeza para buscar el encaje de la
nueva normativa, en caso de ser aprobada, para trasladarla al
personal de sus respectivos negocios.
Reducción jornada laboral
“ACABO TRABAJANDO YO SOLA”
La empresaria Eva Hinojal, con cuatro
peluquerías en Oviedo, tiene 35 personas contratadas. Con el nuevo
horario recogido en el texto aprobado por el Consejo de Ministro
tendría que descontar media hora a cada trabajador y encajar,
además, los turnos de descanso y las vacaciones. “Estoy barajando
dar un día más de vacaciones al personal para compensar el recorte
de jornada”, ha explicado en COPE. No es la única opción a la que
está dando vueltas la dueña de las peluquerías Decisión. También
contempla la posibilidad de cerrar sus negocios un día a la semana
o, al menos, una mañana o una tarde para que le cuadren los
horarios.
Peluquería
“Tengo que ver cómo lo encajo porque
luego se juntan bajas, vacaciones y descansos y nada más trabajo yo con 35 personas contratadas”, se ha quejado Eva Hinojal que no
comparte la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que
ahora tiene que tramitar el Congreso de los Diputados.
ES UNA MEDIDA “IRRESPONSABLE”
Las pequeñas y medianas empresas serán
las mayores perjudicadas de salir adelante el proyecto de ley para
recortar la jornada a 37,5 horas semanales, alerta la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE). Su presidenta, María Calvo,
sostiene que «Asturias necesita crear más actividad económica
y empleo, no cargar a las pymes con más rigideces» y considera
«reducir la jornada laboral por decreto, sin diálogo ni
evaluación del impacto real, es una medida profundamente
irresponsable».
