El PSPV-PSOE ha instado este sábado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, a que renueven el contrato programa y reestructuren el presupuesto en función de las necesidades actuales que los servicios sociales tienen en los diferentes municipios valencianos con el fin de “garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad”.
Así, la secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana donde gobierna el Grupo Socialista para exigir la renovación del contrato programa y reclamar la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para reducir la lista de espera existente actualmente en la dependencia.
En el mismo orden de cosas, la portavoz socialista ha lamentado el retroceso de derechos en materia social que se está dando como consecuencia del gobierno del PP de Mazón y ha denunciado que la renovación de contrato esté paralizada desde hace años. “Mazón está tirando por tierra todos los avances en política social conseguidos durante los últimos ocho años al no renovar el contrato programa con el que los ayuntamientos prestan unos servicios adecuados a los usuarios de los servicios sociales y unas plantillas estables”, ha señalado.
Asimismo, ha advertido que desconocen cuál será la fecha en la que puedan firmar un nuevo contrato y ha lamentado los peligros que se derivan de la inacción del Consell. “El contrato venció a finales de 2024 y cinco meses después no sabemos cuándo podremos firmar el nuevo. La inacción del Consell de Mazón pone en jaque el presente y el futuro de las personas usuarias de los servicios sociales”.
Por último, Garrido ha reivindicado la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada por el Consell de Ximo Puig la cual “es una ley que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a servicios sociales de calidad, adaptados a sus necesidades y circunstancias y con la que se promueve un enfoque inclusivo que busca la participación de las personas en la planificación y evaluación de los servicios, fomentando su autonomía y apoderamiento” y ha exigido que la Generalitat “se ponga las pilas y garantice siempre la financiación adecuada de los servicios sociales asegurando la sostenibilidad del sistema y potenciando los servicios sociales municipales”.
“Desamparo institucional” de los alcaldes
El anuncio de las mociones se produce casi de manera paralela a la denuncia pública que el PSPV-PSOE hizo sobre el “desamparo institucional” al que abocó el Ejecutivo de Mazón a los alcaldes de los municipios afectados por la DANA. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, destapó el abandono que sufrieron los alcaldes el día de la DANA cuando “no tuvieron ninguna información para proteger a sus ciudadanos”.
Coincidiendo este viernes con el Día de Europa, la titular de la cartera de Ciencia se desplazó hasta el municipio valenciano de Sedaví, acompañada por la eurodiputada socialista Leire Pajín y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Desde allí, los medios quisieron saber su postura sobre la última citación de la juez de Catarroja y la decisión de que la cita a la periodista Maribel Vilaplana se resuelva “en resolución aparte”.
Sobre ello, Morant aseguró que los alcaldes le contarán a la magistrada “el desamparo institucional que han tenido los ayuntamientos el día 29 de octubre y los días posteriores”. “La jueza va a entender cómo los alcaldes y alcaldesas, sin información, algunos de ellos tomaron ciertas decisiones que menos mal que las tomaron” cuando “no había desde luego un Consell responsabilizándose de la emergencia”, lamentó.
Por su parte, la líder de los socialistas valencianos fue también preguntada por la decisión de la magistrada de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al considerar que la responsabilidad de la actuación en el momento de la Emergencia recae sobre el Ejecutivo valenciano. “La jueza lo tiene muy claro. En el caso de lluvias fuertes, en el momento en que se declara la emergencia hídrica, y fue declarada ya por la mañana, toda la responsabilidad para proteger a la gente la tiene la Generalitat Valenciana”, añadió.
