Si había una posibilidad, más o menos remota, de que Gobierno y PP hubieran llegado a un acuerdo sobre el primer paquete de medidas del Ejecutivo para apoyar a las empresas afectadas por los aranceles de Trump, esta saltó por los aires el 30 de abril.
Ese día se reunieron en el Ministerio de Economía el ministro Carlos Cuerpo y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Este llegó con un documento de 4 páginas en el que, a cambio del apoyo del PP al decreto anti-aranceles del Gobierno, se ponía como condición -entre otras- que el Consejo de Ministros aprobara en su reunión del 6 de mayo “la prórroga operativa de las centrales nucleares”. Además, se exigía al Gobierno adoptar “en el plazo de 30 días naturales” una batería de medidas fiscales y de otro tipo.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de abril. / Eduardo Parra – Europa Press
El documento -al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO- incluía un espacio, al final, para que ambos –Cuerpo y Bravo– estamparan una firma que no llegó producirse, pues el ministro de Economía lo rechazó. Fruto de ese desacuerdo, este jueves el PP votó en contra del ‘real decreto ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial’ que sí logró el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados.
“¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino?”
Un día antes, este miércoles, en el pleno del Congreso de los Diputados, el presidente Pedro Sánchez, afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haber planteado al Gobierno como primeras condiciones para votar a favor del decreto de aranceles, “prolongar la vida de las centrales nucleares” y “bajar los impuestos energéticos a los propietarios de esas centrales nucleares”. Sánchez acabó espetando al líder del PP: “Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino, señor Feijóo? ¿Qué relación tiene usted en la cabeza que une nucleares y aranceles?”.
Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, el 7 de mayo. / José Luis Roca
Desde la tribuna del Congreso, Feijóo se dirigió directamente al ministro Cuerpo: “Parece que el señor presidente está boicoteando cualquier posibilidad de dialogar. Allá usted”. Feijóo explicó que lo que su partido había pedido había sido “un alivio fiscal para las empresas y bajada de cotizaciones de la Seguridad Social” y al ver los gestos de Cuerpo diciendo que ‘no’ con la cabeza, el líder del PP le mandó callar: “No enrede, señor Cuerpo, ¡si usted no tiene autoridad, consígala o, si no, por lo menos cállese!”.
Desde el punto de vista del PP, el plan anti-aranceles del Gobierno «no es un plan», en expresión de Juan Bravo. Durante el debate parlamentario del decreto anti-aranceles, este jueves, el vicesecretario de Economía de los conservadores tildó la norma de «irrelevante» y criticó que solo ofrezca a las empresas «más deuda, más préstamos y más avales para endeudarse». Además, el dirigente del PP criticó a Cuerpo por no haber aceptado ninguna de sus medidas: «Negociar no puede limitarse a informar de lo que va a hacer, no es un contrato de adhesión donde usted pone sus medidas, no recoge ninguna de las nuestras y nos pide que las aceptemos».
En una entrevista con EL PERIÓDICO, el 27 de abril, Bravo ya anticipaba la dificultad de llegar a un acuerdo con el Gobierno: «Ha vuelto el sanchismo con el muro y estamos más lejos de un acuerdo en aranceles con el Gobierno», vaticinó.
Nucleares y rebajas fiscales y de cotizaciones
El documento que Bravo puso sobre la mesa de Cuerpo -fechado el día 30 de abril, dos días después del apagón– instaba al Gobierno a “impulsar, aprobar y ejecutar de manera inmediata” una serie de decisiones como condición para poder lograr un acuerdo sobre las medidas de respuesta a los aranceles de Trump.
La primera condición que fijaba el documento era que en su reunión del 6 de mayo, el Consejo de Ministros acordara “la prórroga operativa de las centrales nucleares”. La segunda medida: “Con efectos inmediatos se suprimirá el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica”.
Además, el PP ponía fecha para que “en el plazo de 30 días naturales” el Gobierno adoptara determinadas decisiones como la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas y Energéticas, el “desbloqueo de la ley de fiscalidad agraria” o la “reducción de cotizaciones sociales en sectores estratégicos”, especialmente afectados por los aranceles de Trump.
“En el plazo de 30 días naturales” también debería el Gobierno permitir la libre amortización de activos fijos para los años 2025, 2026 y 2027, así como aprobar mayores incentivos fiscales para la I+D+i, la internacionalización y la inversión.
También se exigía al Gobierno aprobar en el Consejo de Ministros del 6 de mayo una actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos y hacerlo dentro de real decreto ley específico, “sin mezclarlo con cuestiones de otra índole”.
Ninguna de estas condiciones fue aceptada por el Gobierno. Todas las medidas habían sido incorporadas previamente por el Grupo Popular en una “proposición no de ley para elaborar un Plan de Competitividad Industrial y una estrategia nacional frente a los aranceles de la Administración Estadounidense”, registrada el 24 abril. En esta proposición no de ley no figuran los plazos del 6 de mayo y de los “30 días naturales” que el PP sí exigió a Cuerpo como condición para dar su apoyo al decreto del Gobierno.
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