Para enfado de las principales asociaciones policiales, drogarte en un coche aparcado no será ya sancionable. Así lo ha establecido el Ministerio del Interior, a través de una orden firmada por la Secretaría de Estado de Seguridad.
Organizaciones como Jupol, el SUP (Sindicato Unificado de Policía), la Confederación Española de Policía (CEP) o Jucil ya se han posicionado en contra de esta medida, conocida este martes.
Todas las asociaciones coinciden en augurar consecuencias negativas a esta decisión. «Pone en peligro vidas en la carretera; puede derivar en tragedia», señala en un comunicado el SUP.
«Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que le pidan explicaciones a Interior», plantea, irónicamente, el difundido en el que el SUP critica que esta decisión desautoriza a los agentes, «desprotege a los ciudadanos y pone en peligro vidas humanas».
«A partir de ahora, según esta norma, cualquier persona puede consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos, quedando completamente fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde», añade el texto. «¿Quién se hace responsable si eso termina en un accidente?», finaliza.
Por su parte, Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, advierte sobre la «preocupante sensación de permisividad» que deriva de esta medida. «Normaliza el consumo de drogas», señala esta organización en un comunicado. «Son conductas que generan adicción, inseguridad, criminalidad y deterioro del entorno urbano«, añade el difundido.
La orden de Interior, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo fechada en 1999. Dicho fallo, consultado por este periódico, establece lo siguiente: «Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios policiales establecen controles de inspección, permanentes o episódicos, en el seno de los cuales examinan el interior de vehículos y equipajes de los ciudadanos a ellos sometidos; objetos o elementos éstos (sobre todo los equipajes) que por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares, en cuanto son propicios y apropiados para albergar en su interior objetos y elementos reveladores del área más íntima de la persona«.
Posteriormente, otras sentencias del Supremo irían en la misma dirección. Ahora bien, como reprocha la Confederación Española de Policía, la Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor en 2015 y en esta década «jamás [Interior] ha puesto una sola pega a una actividad policial sobradamente conocida», la de sancionar a conductores que tienen o consumen droga en sus coches estacionados.
«En presencia de niños»
«El fin de esta sanción es, precisamente, el de prevenir la comisión de ilícitos penales. Y hacerlo antes de que las consecuencias, en el caso de permitirse esos comportamientos, puedan generar daños mucho mayores en la seguridad ciudadana», indica el CEP en un comunicado.
«Un conductor drogado en un vehículo se sitúa en la antesala de un delito contra la seguridad vial, puesto que puede llegar a poner en peligro la integridad y la vida de terceras personas si se desplaza afectado por el consumo de sustancias estupefacientes», ejemplifica en conversación con EL ESPAÑOL David Prieto, portavoz del CEP.
«Se abre la puerta a que las calles de nuestro país puedan ser lugares en los que cualquier conductor se drogue, a plena luz del día y en presencia de otros ciudadanos —incluso, menores de edad—, sin que ello provoque consecuencia alguna», vaticina la Confederación.
«Con este panorama, una persona puede introducirse en su coche y meterse una raya delante de mí. Y esa persona puede, al rato, coger el volante y conducir drogado», relata a este periódico un agente de las UPR (Unidades de Prevención y Reacción) de la Policía Nacional.
«En los vehículos, a veces, intervenimos mucha droga y una parte la consumen o la han consumido los propios conductores. Además, bastantes sucesos que atajamos los protagonizan personas que están bajo la influencia de sustancias estupefacientes», advierte este agente, que lamenta el «menoscabo de un principio de autoridad» que supone esta medida. «Dificulta una parte importante de nuestra labor: la prevención de delitos», reprocha.
En la misma línea se pronuncia la asociación Jucil. Mayoritaria en la Guardia Civil, Cuerpo al que también afecta dicha orden, considera que la decisión de Interior supone un «llamamiento al consumo de sustancias estupefacientes en espacios donde debería garantizarse la seguridad ciudadana».
«Transmite un mensaje contradictorio y peligroso para la sociedad», expresa la asociación en un comunicado, en el que recuerda que «el consumo de drogas, en España, es un problema de primera magnitud, estrechamente vinculado con el incremento del narcotráfico«. Por ello, esta organización exige una rectificación inmediata a Interior.
