Miguel V. N., el sinhogar encarcelado desde hace más de un año por matar y robar al canónigo emérito de la catedral de Valencia Alfonso López Benito, es autor del crimen en su rango penal más elevado: asesinato. Al menos, según la Fiscalía. Ese es el delito, además del de estafa -por el uso de las tarjetas, con las que hizo compras y extracciones por valor de 2.327,16 euros-, que el representante del Ministerio Público, Antonio Gastaldi, entiende que encierra la muerte violenta del cura, según se desprende de su relato de hechos vertido durante la comparecencia de imputación de delitos que contempla la ley del jurado y que tuvo lugar este martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Así, el fiscal del caso llega a esa conclusión al relatar, según su criterio, que fue Miguel V. N. quien entró aquella noche, la del 21 de enero de 2024, en el piso propiedad del Arzobispado de València, ubicado en el número 22 de la calle Avellanas, aprovechando la relación «de amistad», en sus palabras, que el sacerdote mantenía «desde hacía meses» con el acusado. Tal como descubrió la investigación desarrollada por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, el canónigo emérito de la catedral tenía por costumbre llevar a ese piso -y antes a otro, propiedad de su familia, en la calle Gobernador Viejo- a hombres mucho más jóvenes que él en situación de vulnerabilidad social extrema -vivían en la calle- y sin recursos económicos de ningún tipo con los que mantenía relaciones sexuales pagadas, o bien con algo de dinero, o permitiéndoles dormir en la casa o invitándolos a raciones de comida preparada.
Alfonso López Benito, el canónigo emérito asesinado en València. / AVAN/A. Sáiz
Y, según los investigadores, Miguel V. N. era uno de esos hombres a quien, de hecho, habría captado el verano anterior, el de 2023, después de que el ahora acusado decidiese irse de casa de su prima, que lo había acogido tras su llegada desde Perú, lo que acabó derivando en que se quedase en situación de calle tras quedarse sin trabajo, situación que ocultó a su familia por vergüenza.
Lo tiró en la cama y lo ahogó
Explica Gastaldi en su escrito de imputación de hechos que «aprovechando el hecho de hallarse solo Alfonso, de 80 años, y conociendo dónde guardaba este su dinero y sus tarjetas, lo tiró en la cama, le tapó la boca hasta que, a la vez que le ahogaba con la otra mano, logró acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad de defenderse». Con ese relato, el Ministerio Público pasa del delito de homicidio al de asesinato al añadir el elemento que agrava el tipo penal genérico: la alevosía; en otras palabras, la merma o anulación de la capacidad de defensa de la víctima frente a una agresión.
Con ello, además, abre la posibilidad a solicitar la pena de prisión más grave, la prisión permanente revisable, dado que uno de los supuestos que contempla el artículo 140 del Código Penal, que regula esa condena, es el del asesinato cometido sobre una víctima vulnerable. En todo caso, la mera edad de la víctima, 80 años, no es suficiente, si se acredita que era, como coinciden todos los testigos, una persona totalmente funcional y no dependiente que hacía su vida libremente y sin ningún tipo de limitación.
En cualquier caso, es cierto que el fiscal evita hablar de tipos penales, por lo que queda abierta la posibilidad tanto del homicidio como del asesinato de cara al juicio con jurado que se celebre en el futuro, y también lo es que no cierra la posibilidad a la participación de otra persona, como sostiene el acusado, quien desde el primer momento ha mantenido que fue un temporero colombiano, de nombre Manuel y residente en Natzaret (al menos, en aquel momento), quien dio muerte al sacerdote y quien se llevó de la casa las tarjetas del fallecido y su teléfono móvil, los mismos que llevaba encima Miguel V. N. cuando la Policía Nacional lo detuvo, en el Hostal Abastos, 60 horas después del crimen de Alfonso López Benito.
El abogado pide el archivo
Por contra, el abogado que defiende al único encarcelado, el penalista Jorge Carbó, ha mantenido la inocencia de Miguel V. N. en esa misma comparecencia, en la que destacó una certeza: la ausencia de pruebas directas de la implicación de su defendido en el crimen -no hay ni ADN ni huellas suyas en la escena- e incluso de su simple presencia en el interior del piso -su teléfono nunca se conectó al router del canónigo- o en los alrededores -ninguna de las seis cámaras analizadas lo captó- en el marco temporal en el que los investigadores sitúan el homicidio, entre las 22.00 horas del 21 de enero y las 2.30 horas del 22. Por ello, ha solicitado el sobreseimiento de la acusación contra su cliente, petición sobre la que ahora deberá pronunciarse el juez, titular del Juzgado de Instrucción 19 de Valencia.
