Ya había dado cuenta de los principales acuerdos adoptados en la cita semanal del Consejo de Gobierno regional cuando, en la rueda de prensa posterior a la reunión, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, además de portavoz de su Ejecutivo, informaba ayer de la presentación de un recurso en la Audiencia Nacional contra el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la quita de hasta 83.000 millones de deuda autonómica.
A casi nadie en la sala cogía por sorpresa. La consejera de Economía, Rocío Albert, ya había adelantado la posibilidad de interponer ese recurso poco después de que el ministerio de Hacienda anunciara el acuerdo para la condonación después de haber pactado con ERC una quita para Cataluña que se hacía extensible al resto de comunidades. Pero es que, además, la escena del consejero anunciando un recurso contra alguna decisión del Gobierno central no es extraña en los últimos meses. Hace una semana, sin ir más lejos, García daba a cuenta desde el mismo atril de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado contra la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados cuando una comunidad se declare en contingencia migratoria extraordinaria.
La estrategia del Gobierno madrileño de oposición frontal al de Sánchez no es exclusivamente dialéctica. El choque ha llegado a las instituciones. Y se prolonga también desde hace meses en los tribunales. Ayuso ha puesto a trabajar intensamente a los servicios jurídicos de la Comunidad y esta semana se ha materializado visiblemente. En tres días, el Ejecutivo madrileño ha anunciado dos decisiones en ese sentido. Ayer fue la formalización del recurso en la Audiencia Nacional contra la condonación de la deuda, pero dos días antes, el lunes, la propia presidenta madrileña había anunciado que si el próximo sábado el Gobierno regional no había recibido respuesta al requerimiento enviado el pasado 10 de abril al Ministerio de Justicia para que evaluara coste de aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, su gobierno presentará un recurso contencioso administrativo contra dicha ley ante el Tribunal Supremo.
Más allá de argumentos jurídicos de fondo y de forma, cada uno de estos recursos viene acompañado de una fuerte carga política. García señalaba ayer al desgranar los argumentos por los que se presentaba el recurso que la condonación de la deuda respondía a la «necesidad que tiene Pedro Sánchez de comprar los votos que le mantengan en el Palacio de la Moncloa». Ayuso el pasado lunes hablaba de la Ley de Eficiencia de la Justicia como «un caballo de Troya» que esconde «ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces».
La pugna también se ha llevado al Tribunal Constitucional. Allí ha llevado en el pasado el Gobierno de Ayuso cuestiones como la Ley de Vivienda o más recientemente el citado real decreto por el que se reforma de la Ley de Extranjería y que sienta las bases para el traslado a la Península de unos 4.500 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. Una reforma, se argumenta desde Sol, que invade competencias autonómicas, atenta contra el principio de lealtad institucional y vulnera los propios derechos de los menores al desplazarlos «por cuotas subjetivas».
El pulso por la Real Casa de Correos
También ante el Constitucional ha recurrido el gabinete madrileño una decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez que se entiende como una afrenta y un pulso. Se trata del expediente para la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria, circunstancia que aparejaría la colocación de una placa que recuerde que en ese edificio, que durante el franquismo albergó la Dirección General de Seguridad, se practicaron torturas.
El Ejecutivo madrileño se resiste a que un distintivo lo vincule simbólicamente al franquismo. Se aduce que el edificio, tras 40 años como sede del Gobierno regional, está plenamente resignificado. Y en esa batalla contra la pretensión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acudió al Constitucional con el argumento de que se invaden competencias autonómicas en tanto que es un edificio propiedad de la Comunidad. El tribunal admitió a trámite el recurso el pasado marzo.
Curiosamente, el órgano de garantías tiene sobre la mesa también un recurso del Gobierno central por este asunto. En su guerra contra la declaración como Lugar de Memoria, además de recurrir al Constitucional, el Ejecutivo regional buscó un blindaje legal para el edificio. Lo hizo a través de una enmienda en una ley ómnibus y desoyendo un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid que alertaban de la posible irregularidad del procedimiento sobre la base de la doctrina del propio Tribunal Constitucional al introducir una enmienda que no tenía que ver con el objeto que regulaba la norma. El Ejecutivo de Sánchez recurrió esa ley ómnibus y el pasado abril el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido admitió a trámite ese recurso. A menudo la prolongación judicial de la batalla política es de ida y vuelta.
