Solo un acuerdo de última hora, que los vocales del Consejo General del Poder Judicial veían anoche difícil, puede permitir que las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tengan, por fin, presidentes titulares.
Esos cargos están siendo ejercidos en funciones desde hace meses por Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que, pese a no ser conservadores, son respaldados por los vocales propuestos por el PP.
También son apoyados por la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que considera que Arrieta y Lucas merecen, por su prestigio y su labor, terminar sus carreras en el alto tribunal como presidentes de esas Salas. El primero cumple la edad de jubilación en abril de 2027 y el segundo, en julio del próximo año.
La convocatoria de esas dos presidencias -que son claves en la Sala que juzga a los miembros del Gobierno y a los parlamentarios estatales y en la Sala que controla la actuación administrativa del Ejecutivo- fue publicada en el BOE el 21 de octubre de 2024.
Desde entonces el CGPJ ha sido incapaz de cubrirlas, con gran malestar entre los miembros del Tribunal Supremo.
Perelló ha incluido varias veces los dos nombramientos en la agenda del pleno del CGPJ y los ha tenido que retirar por la falta de acuerdo entre los grupos progresista y conservador. Con 10 vocales cada uno de ellos, ningún sector puede alcanzar por sí solo el número de votos que son necesarios (al menos 13).
En el pleno del pasado 26 de marzo, Perelló dio un ultimátum: en mayo las dos vacantes se someterían a votación, con o sin acuerdo.
No está claro qué sucederá si hoy se agotasen las votaciones. De acuerdo con el reglamento de funcionamiento del CGPJ, «si ninguno [de los dos candidatos más votados] alcanzare la mayoría, después de tres votaciones consecutivas, se entenderá denegada la propuesta, que se devolverá al órgano competente [la Comisión de Calificación] para que formule otra nueva. Si la ley exigiere una mayoría cualificada, el Pleno establecerá los trámites de la votación».
Sobre la base de ese último inciso anoche se debatía si las tres votaciones preceptivas tienen o no que realizarse el mismo día.
Teso por Ferrer
El sector progresista ha vuelto a plantear ‘quedarse’ con la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para la que sería elegida Pilar Teso, mientras que Martínez Arrieta presidiría la Sala Penal en detrimento de Ana Ferrer.
Esta propuesta, que respetaría la paridad estricta (lo que ya ocurrió con las presidencias de las Salas Civil y de lo Social, con Ignacio Sancho y Concepción Ureste), no es novedosa: fue puesta sobre la mesa el pasado febrero.
Entonces, como ahora, el sector conservador se negó en redondo: no ve ningún motivo para dejar atrás a Lucas, uno de los magistrados con más reconocimiento personal y profesional no solo en la suya sino en las cinco Salas del alto tribunal.
Los conservadores han ofrecido a sus colegas la dirección de la Escuela Judicial, un cargo que está en el núcleo duro de la política judicial y es de enorme interés para los vocales progresistas. Pero sucede que éstos, mucho más divididos en general que el sector conservador, no tienen un único candidato.
Fuentes de ambos grupos indican que esta mañana seguirán las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo ‘in extremis’ antes de que comience el pleno.
