La voz de los ayuntamientos de la Vega Baja que tienen en el turismo residencial su principal motor económico también sonó fuerte ayer en la jornada organizada por INFORMACIÓN, Serrano&Asociados Urbanistas, TM Grupo Inmobiliario, Grupo Marcos y el Grupo Inmobiliario Gomendio. Reclamaron que se respete su autonomía en cuestiones de gestión urbanística y agilizar los procedimientos para, por ejemplo, que el órgano de evaluación ambiental deje de ser colegiado -más de quince miembros ahora -, y el informe lo pueda realizar un solo técnico.
El Pativel, el Plan de Acción Territorial o la Estrategia de Crecimiento solo fijan, a su juicio, «prohibiciones y generan inseguridad jurídica». En ello coincidieron el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y los concejales de Urbanismo de Orihuela, Matías Ruiz, y de Pilar de la Horadada, Ángel Albaladejo. Por ejemplo, cuestionaron la falta de agilidad de la comisión de evaluación ambiental autonómica formada por más de quince miembros cuando en otros territorios esos informes los resuelve un solo cargo.
Antonio López, concejal de Urbanismo de Rojales / Áxel Álvarez
«Hacer casas»
Se desmarcó de esta visión el edil de Urbanismo de Rojales, Antonio López, con un cuestionamiento implícito del modelo que sigue explotando el negocio inmobiliario en la comarca: «No podemos seguir haciendo casas para buscar fuera la gente que las ocupe como hace 25 años. Se debe pensar qué pasaría si no hubiera reglas ni control», dijo, con las dificultades de acceso a la vivienda de quienes ya viven en la comarca, sin perder de vista que el sector es el principal de la economía comarcal.
Por eso consideró que debe haber instrumentos supramunicipales de ordenación. López también destacó un problema que arrastran los municipios especializados en turismo residencial que es la infrafinanciación para sostener los servicios de la población flotante.
El abogado Santiago de la Casa de Serrano&Asociados / Áxel Álvarez
Prohibir y prohibir
Santiago de la Vega, abogado urbanista de Serrrano&Asociados, consideró los instrumentos de planeamiento supramunicipales que se debatían en la mesa « incompatibles» con la autonomía municipal en gestión urbanística. En su opinión, se han «desarrollado bajo el principio dogmático de actividad de policía, prohibir y prohibir, para aumentar la cuota de poder autonómica sin fomentar inversiones». Añadió además que generan disfunciones «porque se ignoran las características de cada municipio, sin consultarlos, a la hora de aplicarlas».
Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja / Áxel Álvarez
El modelo del frente litoral
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se preguntó por qué Torrevieja no puede aspirar, en función de lo que dispone su propio planeamiento, a recualificar el urbanismo de su fachada marítima con el crecimiento en vertical. Tras una reciente sentencia del Supremo que anula la construcción de varios proyectos de rascacielos en primera línea de playa, el también responsable de Urbanismo defendió la edificación de torres en altura porque en su opinión liberan suelo para uso público y permiten la visual al mar. Algo que niega una interpretación restrictiva, en su opinión, del efecto pantalla que figura en la Ley de Costas y que ha asumido el Tribunal Supremo a instancias del Estado. «Si es válido para Benidorm -que aprobó su planeamiento urbanístico en los años 60-, ¿no lo puede ser para Torrevieja para ocho parcelas en primera línea?», remarcó.
Matías Ruiz, concejal de Urbanismo de Orihuela / Áxel Álvarez
Una revisión frustrada
En el mismo sentido, Matías Ruiz, responsable oriolano del área de Urbanismo, recordó que su municipio intentó revisar su planeamiento urbanístico que data de 1990, con una respuesta del Gobierno del Botànic que no solo impedía nuevos crecimientos, sino que exigía desclasificar suelo en la Costa, donde la fórmula de la Estrategia de Crecimiento Territorial decía que ya había un millón de metros más urbanizados de los que les correspondía a esa zona litoral.
Con ese escenario, la tramitación del nuevo Plan General decayó por caducidad. Orihuela ha tenido que recurrir a las modificaciones puntuales de planeamiento -81 en la actualidad- para gestionar y trabaja en otras para lograr los suelos para el parque empresarial, además de dotar de las infraestructuras básicas a la zona de la costa en la que todavía hay suelo planificado para acoger otras 16.000 viviendas. Ruiz señaló que solo el 5 % del territorio de 365 kilómetros cuadrados del término municipal está urbanizado.
Miguel Albaladejo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada / Áxel Álvarez
Incoherencia
El pilareño Ángel Albaladejo constató la incoherencia, a su juicio, entre el ordenamiento con el que el municipio se dotó en el año 2000 y las decisiones de la Generalitat de limitarlo porque la Administración autonómica ha impuesto limitaciones en la zona litoral que el PGOU sí permite. Por ejemplo, la zona ubicada entre la autovía y la costa ya está sellada en un 50 %. La normativa urbanística local señala que se puede desclasificar más suelo desde ese momento. Sin embargo, el Consell del Botànic se pronunció en contra. Algo que ha comenzado a cambiar ahora. De hecho, la Generalitat ya ha indicado en sus últimos informes que el criterio de las directrices es una recomendación. «Nos hemos dado de lleno con la Estrategia Territorial», señaló y «su famosa formulita», que «nos puso freno al igual que las previsiones del Plan de Acción Territorial».
