Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión por parte de la autora del crimen y ha lamentado la que considera «total falta de protección institucional».
En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una «revictimización constante» de familias afectadas por este tipo de casos.
Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa. «La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello», ha afirmado.
Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: «A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga«. En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en «vengarse» de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Amenazas y chantajes
Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: «Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas», ha asegurado.
Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: «No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa», ha dicho entre lágrimas. También ha denunciado la existencia de «funcionarios implicados» en estas irregularidades: «A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?», se ha preguntado.
Ramírez ha explicado que todo esto sucede mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin estar resuelta. «Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental», ha lamentado.
Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: «¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?», ha continuado. «Esto lo que hace es revictimizarnos. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz».
En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: «Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola».
