Cepyme Aragón estima en 110 millones las pérdidas económicas de las pymes de la comunidad por el apagón del pasado 28 de abril que, de acuerdo con la información que ha recopilado, sufrieron de forma total el 76% de ellas, mientras que el 16% pudo continuar con su operatividad de manera parcial y un 8 % no sufrió ninguna incidencia.
Según ha informado la organización empresarial en un comunicado, entre las principales afecciones de este apagón destacan las caídas de red y telefonía que impidieron la atención al cliente y la conexión con plataformas digitales, la paralización de la producción, especialmente en industrias del metal, automoción y agroalimentarias o la pérdida de pedidos y ventas en comercios minoristas, estaciones de servicio e incidencias en cobros electrónicos.
Entre los sectores más perjudicados, el del transporte y la logística, según Cepyme que recuerda que también se registraron problemas en la cadena de suministro, interrupción del reparto y dificultades de comunicación que afectaron tanto a empresas de transporte de mercancías como de pasajeros.
En el sector del metal y de la automoción, numerosos talleres y fábricas denunciaron interrupciones productivas, pérdida de pedidos y averías en equipos informáticos, así como la imposibilidad de realizar trámites administrativos esenciales.
El comercio minorista, por su parte, sufrió un alto volumen de incidencias, especialmente en zonas urbanas de Zaragoza y Huesca donde los problemas eléctricos, la inoperatividad de los TPVs y la caída de las ventas fueron la tónica durante y después del apagón.
A todo ello se suma que un 30 % de las empresas no pudo reanudar su actividad el día siguiente, por lo que el impacto económico no se restringe únicamente al día del apagón, de forma que la organización calcula que el tejido empresarial vio mermada su actividad en un 85 %.
Y dado que la contribución económica diaria promedio de Aragón se estima en unos 130 millones de euros, la evaluación de la pérdida económica directa (valor añadido dejado de generar) para Aragón se sitúa en torno a los 110 millones de euros, una cifra, según Cepyme, que representa una pérdida de actividad económica o valor añadido bruto potencial, no necesariamente una pérdida de beneficio neto ni una pérdida asegurable bajo los términos estándar de las pólizas de lucro cesante.
Cepyme, que insiste en la necesidad de esclarecer el origen del fallo con la mayor celeridad y garantizar que no se repita una situación similar en el futuro, ha resaltado que las condiciones contractuales estándar predominantes en el mercado asegurador español hacen que la probabilidad de obtener una indemnización por lucro cesante en este escenario específico sea «muy baja» para la mayoría de las empresas que cuentan con pólizas básicas.
La patronal ha mostrado además este miércoles su preocupación por la aprobación, este martes en Consejo de Ministros, de la reducción de la jornada laboral, una medida cuya tramitación se ha realizado «sin el necesario diálogo social ni una evaluación previa de sus implicaciones económicas», especialmente para las pequeñas y medianas empresas, han lamentado.
La decisión aprobada supone, en términos generales, una reducción media de 12 jornadas laborales al año, lo que equivale a casi medio mes de trabajo, lo que supone, según Cepyme, un incremento de costes para las empresas que puede oscilar entre los 400 y los 800 euros por trabajador, en función de los convenios colectivos aplicables.
La organización ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que valoren con responsabilidad que determinadas normas de carácter laboral tienen consecuencias económicas importantes que deben ser tenidas en cuenta antes de su aprobación, toda vez que han defendido que este tipo de reformas deben abordarse en el marco del Diálogo Social y que podría haberse abordado con más tiempo, más diálogo y más consenso.
