Diez años se acaban de cumplir desde la aprobación de la ley más importante en el fútbol profesional español. El Real Decreto de la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol profesional español que acaba con un período donde cada club vendía sus derechos audiovisuales de forma independiente, provocando unas diferencias abismales. Sólo entonces Barcelona y Real Madrid concentraban el 42% de los ingresos de televisión.
Impulsada por el bloque de treinta equipos denominado G-30 y respaldada en el Congreso por el entonces Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Para Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid y vicepresidente de LaLiga este Real Decreto ha permitido consolidar nuestro sector como una verdadera industria del Deporte, así como incrementar la calidad y valor tanto de la competición como del contenido audiovisual. El hecho de distribuir la señal de nuestros partidos a más de 180 países es el reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de estos diez años. Un dato revelador es que España, siendo el quinto país de Europa en población, es el segundo en ingresos por derechos audiovisuales.»
El escenario en ese momento en el fútbol español era realmente preocupante y donde el equipo que menos ingresaba, podía percibir hasta 13 veces menos que los dos grandes del fútbol. Además, los clubes tenían entonces una deuda de más de 650 millones de euros con la Administración Pública, más del 50% de equipos estaban en concurso de acreedores con más de 150 denuncias por impagos a futbolistas por un importe de 90 millones de euros.
Este decreto otorgó entonces a LaLiga la exclusiva de la venta de derechos nacionales e internacionales, por ciclos máximos entonces de tres años que posteriormente se ha podido aumentar a cinco y con un límite muy importante. Ningún club puede cobrar más de 3,5 veces lo que recibe el que menos ingresa. Para poder lograr este equilibrio, LaLiga puso en marcha el control económico con el fin de vigilar y sancionar a cualquier club supere los límites de plantilla, incumpla con Hacienda o con la Seguridad Social. Además, parte de los ingresos se destina a ayudas al descenso, al deporte femenino y a otras modalidades olímpicas, reforzando el carácter solidario del modelo.
Se han triplicado los ingresos por televisión, pasado de los 600 millones que se ingresaban en la temporada 2014-2015 a los cerca de 2000 de la temporada pasado. Actualmente el equipo que menos ingresa supera los 40 millones de euros, frente a los siete de la última temporada con venta individual. En concreto la temporada 2014-2015 los ingresos eran de 844 millones frente a los 1839 millones de euros de la pasada temporada. Esto supone un crecimiento del 117,9%.
El reparto de los ingresos responde a unos parámetros recogidos en la propia Ley. De modo que, tras deducir costes de producción y comercialización, el 90 % se asigna a Primera División y el 10 % a Segunda. Del 90% a repartir entre los clubes de la máxima categoría, el 50% se hace de manera equitativa, un 25% por méritos de las últimas cinco temporadas y 25 % implantación social. Con un máximo del 20% y mínimo del 2% y donde se cuentan criterios como la venta de entradas, audiencias y proyectos sociales. En cuanto a Segunda, el 10% se reparte de la siguiente manera: 70 % reparto equitativo, 15 % resultados de la última temporada y 15 % implantación social. En este caso, dos tercios a audiencias y un tercio a entradas.
Además, el Decreto recoge un mecanismo de solidaridad de modo que del total de ingresos se deduce un 2,5 % para el Fondo de Compensación (clubes que descienden de categoría); 1 % para LaLiga; 1 % para la RFEF y otro 1 % para fútbol. También destina un 1,5 % para el Consejo Superior de Deportes donde un 5 % se destina al fútbol no profesional y femenino y otro 1,5 % para otras federaciones. Y finalmente un 0,5 % para la AFE.
¿Un posible cambio en el futuro?
La citada ley determinó la creación dentro de la propia Liga de un órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales, con distintas competencias como la gestión de la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales además del control, revisión y auditoría de la gestión comercial y de los resultados económicos derivados de la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales.
Un órgano que se renovará cada temporada y que integran actualmente los dos clubes que más ingresos hayan recibido en los cinco últimos años por televisión (actualmente son Real Madrid y Barcelona), otros dos clubes elegidos por votación, un club elegido de Segunda división y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuyo voto dirime los posibles empates en las votaciones. El CSD y la RFEF son convocadas para las reuniones con voz pero sin voto. También pueden ser convocados en esta misma condición Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social como acreedores públicos, en tanto alguno de los clubes o entidades participantes, tengan importes pendientes de pago ante alguna de las citadas administraciones.
En el CSD, según ha sabido MD, trabajan en una renovación de este Real Decreto para dar entrada también en esta venta colectiva de los derechos de televisión de la Liga profesional femenina.
El cambio pasaría por modificar este órgano de control como responsable de vigilar y de llevar a efecto los criterios de reparto de la norma. La gran incógnita ahora es saber qué consecuencias tendría que el control del reparto deje de ejercerlo LaLiga y que pase a manos del Gobierno. Una reestructuración que, de llevarse a efecto, tendrá seguro la clara oposición de los clubes de LaLiga. Porque, y según fuentes consultadas por MD, entienden que no puede ejecutarse sin el consenso mayoritario de los clubes del fútbol profesional.
