grababa sus citas con el móvil que le dieron

El Juzgado de Primera Instancia e Instructor número 4 de Ávila lleva casi un año investigando los presuntos delitos cometidos por un funcionario de prisiones de Brieva (Ávila) y el cocinero del mismo centro penitenciario. Los dos habrían mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada (51 años), la asesina del pequeño Gabriel Cruz.

Condenada a prisión permanente revisable, la mujer se hizo con un teléfono móvil que le fue facilitado por el funcionario. Fue detenido en septiembre del año pasado y prestó declaración en el órgano que preside el juez Tomás Sánchez Puente.

El teléfono entró en la prisión abulense por la mediación del cocinero, que es personal laboral del centro: se lo dio fuera una mujer, la pareja de Quezada. Posteriormente el terminal volvió a salir de Brieva: según las declaraciones efectuadas ante la Guardia Civil, se lo llevó el funcionario a su casa, a raíz de las manifestaciones públicas, realizadas hace un año, por Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz.

En ellas, la madre hizo público haber tenido conocimiento de que la asesina de su hijo estaba en posesión de un teléfono móvil, que era ayudada por algunos funcionarios y por gente de fuera de la prisión, y que estaba en conversaciones con una productora para realizar un documental. Ante el revuelo mediático, el móvil salió de la cárcel y luego le fue devuelto por el funcionario a la pareja de Quezada, que se lo devolvió durante un ‘vis a vis’ autorizado.

El dato no es baladí porque el terminal telefónico salió del centro justo antes de que Instituciones Penitenciarias realizase un registro en la celda de Ana Julia buscando precisamente ese móvil, y no se encontró nada.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL precisan que «no se encontró nada y a la interna se le aplicó el artículo 75 del Reglamento Penitenciario», que se basa en «salvaguardar la vida o integridad física del recluso». La directora del centro, tras informar al juez de vigilancia, se lo aplicó «ante el revuelo mediático que se originó».

Según lo declarado por la pareja de Quezada a los agentes de la Guardia Civil, “en septiembre de 2023 el cocinero de la prisión contactó con ella para que le diese un teléfono antes del siguiente ‘vis a vis’, para así introducirlo en prisión y hacérselo llegar a Ana Julia».

La pareja de Quezada

El 1 de octubre de 2023, «la pareja de Quezada y el cocinero se vieron en un parking para realizar la entrega del teléfono”. La pareja de Ana Julia ha reconocido ante los agentes que esta mantuvo relaciones sexuales con al menos dos funcionarios de la prisión a cambio de “regalos”, pero asegura desconocer si las grabó.

Al parecer, sí lo hizo. Lo han asegurado, coincidiendo, un educador del centro y tres reclusas a los investigadores de la Guardia Civil. En sus diligencias, a la luz de las declaraciones recogidas a los testigos, relatan que “Ana Julia le contó al educador que tenía unas grabaciones en ropa interior de un funcionario dentro de su celda, las cuales habría conseguido grabando con un teléfono móvil que el propio funcionario le habría facilitado».

Este funcionario, «supuestamente, le avisaría de cuando iban a tener lugar las inspecciones, y le escondería el móvil cuando estas tenían lugar, llegando incluso a escondérselo en su propia casa”, detallan.

La historia da un giro con los informes aportados a la investigación por la directora de la prisión de mujeres de Brieva, Laura Pérez. “La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda”, recoge.

Las grabó con el objetivo de “chantajear” o “coaccionar” a la dirección de la cárcel para conseguir ser trasladada a Barcelona. La directora reconoce haber “tenido conocimiento» de ”datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador, que habló con Ana Julia Quezada.

Pero en esa conversación Quezada ofrece una versión distinta a las realizadas por su propia pareja y las tres internas: refiere al educador «que ha sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella”.

Según ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, el funcionario y el cocinero, han sido investigados por la Guardia Civil por «un presunto delito de cohecho por dar un trato de favor a una interna a cambio de recibir favores sexuales», y los dos han dejado de trabajar en el centro penitenciario «una vez que ha concluido la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y a los testigos».