Más de veinte años después de los hechos por los que se le juzgaba, la Audiencia de Alicante ha sentado este lunes en el banquillo a Vlad Costel, uno de los mayores proxenetas que a principios de los años 2000 controlaba el negocio de la prostitución rumana en el sureste del país. El acusado tenía pendientes dos macrocausas en las que se le reclamaban penas que sumaban 84 años de prisión. El resto de los miembros de su organización fueron juzgados hace más de una década, aunque su cabecilla permanecía a la espera de ser entregado a España por las autoridades rumanas.
El juicio se ha saldado con penas que suman 26 años y ocho meses de cárcel para los 18 delitos que se le imputaban. Sin embargo, ninguna de las penas individuales supera los dos años de cárcel, por lo que serán sustituidas por la expulsión del territorio nacional durante diez años.
Durante todos este tiempo, Costel ha estado en Rumanía cumpliendo condena por un homicidio. Solo una vez finalizada, las autoridades rumanas autorizaron su extradición para que respondiera por los delitos pendientes en España. Tras esta entrega, será devuelto a Rumanía con la prohibición expresa de regresar a nuestro país.
El entramado
Entre los alias que utilizaba, están El Padrino, El Hombre, o El Gordo y fue uno de los proxenetas más peligrosos de aquellos años. La organización de Vlad Costel operó en el Levante español especialmente en la provincia de Alicante y en clubes de Tarragona entre los años 2000 y 2004. Incluso tras su detención, Costel siguió dirigiendo el entramado criminal, llegando a ordenar asesinatos desde prisión. El ajuste de cuentas no llegó a consumarse, porque la Guardia Civil tenía intervenidas sus comunicaciones.
El delincuente tenía abiertas en la Audiencia alicantina dos macrocausas, en las que estaba acusado de delitos de asociación ilícita, prostitución de mayores y de menores de edad, receptación, conspiración para homicidio y falsificación de documento público. El resto de integrantes de su organización ya fueron juzgados en su día por la Audiencia de Alicante. Más de cuarenta personas se sentaron en el banquillo, pero todavía falta por hacerlo el principal cabecilla del entramado. En su día, Rumanía accedió a su extradición, pero una gran nevada impidió que el avión que iba a traerlo a España pudiera despegar, lo que provocó que las autoridades rumanas desistieran de intentar nuevas entregas. No ha sido hasta que Costel ha cumplido la totalidad de la condena, cuando finalmente se ha autorizado su entrega a España.
Dado el tiempo transcurrido de los hechos por lo que está acusado, la Fiscalía y el abogado defensor de Costel, el letrado Roberto Sánchez Martínez, han llegado a un acuerdo por el que Costel se ha declarado culpable de casi todos los delitos que se le imputaban, y por los que la prisión se va a sustituir por la expulsión del territorio nacional durante diez años.
El acusado sentado de espaldas en el banquillo al inicio del juicio en la Audiencia. / J. A. M.
La Fiscalía acusaba a Costel de liderar una organización que reclutaba a mujeres en el este de Europa a cambio de falsas promesas de trabajo en la provincia y que las obligaba a prostituirse una vez en España. La red tenía a personal encargado de tareas concretas: captación de mujeres, falsificación de pasaportes, transporte, control de las actividades de cada chica por parte de las encargadas y la recaudación del dinero. Si las ganancias eran bajas, las mujeres eran amenazadas con represalias contra sus familias en Rumanía, incluso con castigos físicos. Las víctimas eran repartidas en clubes de Alicante, Orihuela, Elche y Guardamar. Se le acusa de haber prostituido a catorce mujeres, ocho de ellas menores de edad. En la causa, los dueños de los clubs fueron absueltos.
Aborto
La organización de Vlad Costel también fue acusada de haber practicado un aborto a una de sus víctimas, hechos por los que llegaron a sentarse en el banquillo algunos de los médicos que intervinieron en la interrupción del embarazo en una clínica de Barcelona. Los ginecólogos acusados aseguraron en su día que ni siquiera llegaron a intervenir en la operación, mientras que el facultativo que, según la documentación, practicó el aborto ni siquiera llegó a ser acusado. Todos estos facultativos fueron absueltos en su día en el anterior juicio. Esta resolución ha llevado a que el fiscal retirara este lunes la acusación por aborto a Costel.
Incluso estando en prisión, Costel siguió al frente del entramado e incluso llegó a encargar asesinatos. Desde su celda en Fontcalent, mantuvo varias conversaciones con miembros de su banda y les dio instrucciones para matar a dos personas en El Albir con las que tenían «cuentas pendientes».
Intento de asesinato
Varios miembros de la banda de Costel quedaron en el área de servicio de la autopista en La Vila Joiosa para ejecutar el doble crimen y hasta allí se dirigieron la madrugada del 10 de julio de 2004 nueve miembros del grupo, uno desde Arenales, otros cuatro desde Oropesa del Mar (Castellón), y cinco más que procedían de Cataluña y alquilaron un coche en Benidorm.
Lo que no sabían los acusados era que la Guardia Civil tenía intervenidos varios teléfonos con autorización judicial y desbarató el plan, una vez se reunieron los nueve sospechosos, en el área de servicio de la AP-7. En uno de los coches incautaron una pistola del calibre 9 milímetros, sin marca ni numeración, cargada con siete cartuchos y escondida en el vehículo. Por este intento de asesinato, Costel ha sido condenado un año y nueve meses de prisión.
La Sección Segunda de la Audiencia, la misma que ya enjuició al resto de miembros de la red en las dos macrocausas, ha señalado en la misma mañana los dos juicios que tenía pendientes Costel, en los que se iba a ratificar en los términos del acuerdo. Uno abarcaba los hechos cometidos cuando el acusado estaba en libertad; y el otro sus actividades desde la prisión de Fontcalent al frente de la organización. En el primero se le pedían penas que sumaban 54 años de prisión y que quedaron reducidas a 21 tras el acuerdo; en la segunda, las penas sumaban 26 años, que se han quedado en cinco años y ocho meses. La sala ha hecho una refundición de condenas que se ha materializado en una pena de seis años, que se sustituirá por la expulsión del territorio nacional y la prohibición a volver a entrar a España. La sentencia dictada in voce en la sala por el tribunal es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
