El Gobierno ha incluido cinco preguntas en su inédita consulta pública previa a decidir si hace uso del precepto legal que le permite pronunciarse -y eventualmente, poner condiciones– en la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?», es la primera de ellas. Así consta desde este martes en el área de participación pública del Ministerio de Economía, donde la consulta estará abierta hasta el próximo 16 de mayo, unos días antes de que el martes 27 de mayo venza el plazo que tiene el ministro Carlos Cuerpo para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros.
La consulta está disponible para cualquier interesado en mandar sus comentarios secretos y no vinculantes sobre la operación, como se hace con los proyectos normativos de todos los ministerios (pero nunca antes para una opa). Es decir, se articula mediante un formulario con preguntas concretas y espacio para comentarios generales. El proceso no está restringido a unos agentes económicos específicos, como sí lo estuvieron los test de mercado que hizo la CNMC para emitir su dictamen. El plazo es menor que el que tiene Cuerpo para decidir porque su departamento necesita un tiempo para analizar las alegaciones que reciba.
El Ejecutivo, así, ha puesto en marcha rápidamente el golpe de efecto anunciado por Pedro Sánchez este lunes en Barcelona, cuando avanzó que este martes se abriría una «consulta pública previa a la toma de decisión (del ministro) con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones«. Se trata de un procedimiento sin precedentes para una opa y no reglado por la ley de defensa de la competencia de 2007, pero que el Gobierno ha decidido impulsar para poder «tomar esta decisión con todas las garantías» y siempre teniendo «en cuenta el criterio del interés general» que le impone dicha norma, según aseguró el presidente.
El inesperado anuncio de Sánchez, que sorprendió a los dos bancos implicados, parece apuntar a que el Gobierno -que desde el primer día ha mostrado su preocupación por la operación- se está armando de argumentos para pronunciarse sobre la misma. Significativamente, se produjo en Barcelona y en presencia de los presidentes de las dos entidades y el de la Generalitat. «Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos», sostuvo el líder del Ejecutivo.
Justificación social, razón política
Decenas de organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores llevan meses expresando su rechazo a la opa, particularmente en Catalunya y la Comunidad Valenciana, y es seguro que así se lo harán llegar ahora a Economía. A ello se suma la oposición que provoca la operación en Sumar y los partidos nacionalistas catalanes, claves en la mayoría parlamentaria del Gobierno. Las alegaciones que reciba el Ejecutivo, en esta línea, le permitirían tomar la decisión de pronunciarse sobre la operación sobre la base de un mayor respaldo social.
Aunque legalmente no le haga falta tenerlo, le puede venir bien argumentalmente, sobre todo teniendo en cuenta que la sala de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó inesperadamente la opa de forma unánime, gracias a que la mejora del tratamiento de las pymes en Catalunya facilitó el voto positivo del consejero propuesto por Junts. De hecho, el anuncio de Sánchez ha servido, entre otras cosas, para silenciar el efecto positivo que el dictamen de Competencia había tenido para los intereses del BBVA.
Cuerpo, asimismo, podrá consultar a otros ministerios competentes sobre su opinión respecto a la decisión de elevar o no la opa al Consejo de Ministros. Asimismo, el reglamento de defensa de la competencia de 2008 también le permite requerir al secretario del consejo de la CNMC que le dé «traslado de copia del expediente» de la operación (artículo 70). Con toda esa información, deberá optar entre no pronunciarse (silencio administrativo positivo: el dictamen de Competencia pasaría a ser efectivo) o emitir una Orden Ministerial en la que eleve el asunto al Consejo de Ministros, que tendría 30 días naturales para decidir si imponer condiciones adicionales a la opa.
Interés general
La ley de defensa de la competencia de 2007 establece que si la CNMC impone requisitos a una integración en su segunda fase de análisis, como así ha sido, el ministro de Economía dispone de 15 días laborables para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros. Este, a su vez, tiene 30 días naturales para confirmar la decisión de Competencia, aprobar la operación sin condiciones, o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que «deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia«. La norma, en este sentido, ofrece una «lista no exhaustiva de criterios concretos». Es decir, que le deja amplio margen de actuación.
Algunos juristas interpretan que esa instancia estaba pensada originalmente para suavizar los dictámenes de la CNMC, habida cuenta de que el Gobierno no puede pronunciarse sobre una operación aprobada sin condiciones por dicho organismo. La única vez que se ha usado, de hecho, fue por parte del Ejecutivo de Rajoy para rebajar las condiciones impuestas por Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. A ello se ha aferrado públicamente el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Sin embargo, la ley es lo suficientemente poco precisa en ese punto como para dejar espacio al Ejecutivo para actuar, ya que en ningún momento dice expresamente que no pueda endurecer el dictamen de la CNMC.
En consecuencia, todas las miradas están puestas en el Ejecutivo desde hace semanas. Los dos bancos se están afanando en darle argumentos para que se pronuncie en línea con sus intereses. Torres, en esa línea, destacó este lunes en Barcelona que la CNMC «ha llevado a cabo un análisis largo y profundo, del que ha resultado unos compromisos importantes, que no solo preservan la competencia sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a las pymes, especialmente aquí en Catalunya». La integración, argumentó, «es un proyecto, no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos, aquí en Catalunya, en España, y en Europa». En cambio, su homólogo del Sabadell, Josep Oliu, consideró «positivo» que el Gobierno vaya a hacer la consulta.
