La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha acordado esta misma semana la puesta en libertad de uno de los dos auxiliares educativos del centro de menores de Ateca que fue detenido después de las denuncias por agresiones físicas y sexuales que interpusieron dos usuarios. La salida de Abdelilah A. del centro penitenciario de Zuera se hará efectiva a cambio de que abone una fianza de 3.000 euros y cumpla con una serie de medidas dictaminadas por el tribunal provincial, entre ellas, una orden de alejamiento de 300 metros en relación a cinco denunciantes, la obligación de comparecer ante el Juzgado de Guardia los días 1 y 15 de cada mes, el señalamiento de un domicilio conocido y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Así lo había solicitado su abogado defensor, el letrado Marco Antonio Navarro, después de que Abdelilah A. ingresara en prisión el 2 de agosto de 2024 al decretarlo así la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud. Desde entonces suma ya nueve meses entre rejas, un tiempo que ha valorado la Sala para acordar su libertad provisional. «Si bien es cierto que la ejecución de los hechos se prolongan en el tiempo y evidencian una considerable energía criminal, el cierre del centro impide estimar la eventual existencia de retieración delicitva más allá de los hechos aquí imputados», argumenta el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero.
El auto de libertad llega apenas unas semanas después de que la jueza instructora de la causa le concediera la libertad a Iván R. M., quien fuera el director del centro de menores de Ateca durante el lapso de los episodios denunciados. En su caso, precisamente, constan las mismas medidas accesorias que las que ahora pesan sobre Abdelilah A.
Las dos primeras denuncias
La investigación judicial comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años de edad y los de una menor de 17 años, ambos internados en el centro de menores de Ateca. Dentro del marco de la investigación, y como paso previo a la toma de declaraciones a los cinco detenidos, la jueza citó antes a declarar en sede judicial a los dos menores autores de la denuncia contra el centro, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral, motivada por los hechos que ahora se investigan.
Según argumentó en su día la jueza instructora, los episodios relatados por los dos menores denunciantes constituían una clara muestra “de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que “nadie les creería” y que “no los querían ni sus familias”.
