20 de mayo. Fecha marcada en rojo en el calendario. Ahora, después del apagón del pasado lunes, más. Ese día se celebrará la cumbre de Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz. Está fijada la junta de accionistas para entonces para decidir si las tres empresas pactan solicitar al Gobierno una prórroga de la planta. Si pueden estirar la vida de los dos reactores, que suman cerca de 2.100 MW de potencia instalada y que se tendrían que cerrar en noviembre de 2027 y octubre de 2028. La presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, presiona para esa extensión. Y la dirección del PSOE extremeño, también. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, prefiere no pronunciarse por anticipado, pero la posición del Ejecutivo es clara, y se la ha reiterado al PP: no a la continuidad de las nucleares. Pero, respecto a Almaraz, el choque no es solo con los conservadores y con la Junta, es también con la federación socialista.
El barón regional, Miguel Ángel Gallardo, elegido sucesor de Guillermo Fernández Vara en marzo de 2024 y renovado en el cargo el pasado enero, lleva defendiendo desde hace meses que las empresas dueñas de Almaraz han de pedir la prórroga al Ejecutivo. En febrero, incluso, les instó por carta a hacerlo. «Entendemos que una decisión de esta magnitud debe tomarse» basándose en «criterios técnicos, económicos y medioambientales, pero también teniendo en cuenta el impacto social y económico que supone para Extremadura y especialmente para la comarca de Campo Arañuelo», les escribió. También se reunió con el comité de empresa de la central. Una posición que el cero energético del pasado lunes no ha cambiado.
Iberdrola, Endesa y Naturgy son las empresas dueñas de Almaraz. La central debería apagarse en noviembre de 2027, y por eso será decisiva la junta de accionistas del 20 de mayo, cuando los titulares de la planta decidirán si piden la prórroga al Ejecutivo
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) es la sociedad que controla las dos plantas atómicas, en Cáceres y en Guadalajara. De la primera, la de Almaraz —de dos reactores, uno que arrancó las operaciones en 1983 y el otro en 1984—, son propietarias Iberdrola (52,69%), Endesa (36,02%) y Naturgy (11,29%). La central cacereña es la que antes tendrá que parar su explotación, si no cambia el calendario de cierre programado que pactaron en 2019 las eléctricas con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Almaraz I debería detenerse en noviembre de 2027, y Almaraz II, un año más tarde, en octubre de 2028. Luego tendrían que comenzar su desmantelamiento Ascó I y Cofrentes (en octubre y noviembre de 2030), Ascó II (septiembre de 2032), Vandellòs II y Trillo (febrero y mayo de 2035).
Pero las empresas que pactaron ese cierre escalonado de sus centrales hace seis años quieren ahora volver sobre sus pasos, explorar si cabe una extensión de la vida útil de sus reactores. El sector, sin embargo, presiona para que el Ejecutivo les garantice unas tarifas que hagan rentables sus negocios y una rebaja de la carga fiscal. Se ha mostrado especialmente beligerante con la llamada tasa Enresa, el impuesto que las propietarias han de abonar a la compañía pública para gestionar los residuos nucleares, que permanecen activos durante miles de años. El pasado junio, el Consejo de Ministros, con Teresa Ribera aún como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acordó la actualización de la tasa Enresa, de 7,98 a 10,36 euros por megavatio hora (€/MWh). Un 30% más que la industria sintió como una «amenaza» a la continuidad de las nucleares. El pasado 22 de abril, el Gobierno aprobó la licitación para el desmantelamiento de Almaraz, por un importe de 23,7 millones de euros, IVA excluido.
Las eléctricas demandan una rebaja de impuestos y de la ‘tasa Enresa’. La Junta de Extremadura reclama que la central siga operando y dice estar dispuesta a revisar el régimen fiscal autonómico siempre que también bajen los impuestos nacionales
La presidenta extremeña, María Guardiola, sigue presionando para que no se cierre la planta, «el mayor activo económico» de la región, que «genera 3.000 empleos y es vital en el PIB» de la comunidad autónoma. La jefa de la Junta, aseguraba este viernes en una entrevista en El Confidencial, está dispuesta a revisar el impuesto regional «siempre y cuando el debate contemple otros elementos que forman parte del sistema fiscal energético nacional». Guardiola ha cargado contra el régimen tributario que pagan las nucleares y contra el «tasazo de Enresa».
Un proyecto que va con retraso
La posición de Gallardo no es simétrica a la de Guardiola pero dista de la del Gobierno y la de Ferraz. El líder de los socialistas extremeños continúa defendiendo que debe alargarse la vida de Almaraz «porque aún no hay alternativa a la misma«. Y es que el proyecto de gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres), una apuesta del expresidente Vara por la industrialización de la región y que prevé la creación de 900 empleos directos en la etapa inicial, va con retraso. En julio de 2024 se puso la primera piedra pero ahora la multinacional chino-japonesa Envision-AESC está reformulando su proyecto, para pasar de tres a dos líneas de producción pero con más capacidad de potencia. Los socialistas calculan que faltan al menos dos años y medio «hasta que empiece a funcionar», por lo que podría llegar antes el cierre de Almaraz. De ahí que el secretario regional, también presidente de la Diputación de Badajoz, mantenga que es necesaria una miniprórroga de dos o tres años para no perder empleos en la comarca.
Nosotros defendemos la continuidad pero no a costa de la seguridad, por baja del canon por residuos ni a costa de bajar la fiscalidad», explican fuentes muy próximas a Gallardo. «Necesitamos alternativas reales al empleo y a la riqueza que la planta genera en la región si hay cierre», abundan en su entorno
«El 20 de mayo será un día importante y decisivo», señalan a este diario fuentes muy próximas a Gallardo. Será cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy decidan si piden al Ejecutivo una extensión de Almaraz. «Nosotros defendemos la continuidad pero no a costa de la seguridad, por baja del canon por residuos [la tasa Enresa] ni a costa de bajar la fiscalidad«, prosiguen. «Necesitamos alternativas reales al empleo y a la riqueza que la planta genera en la región si hay cierre», aseguran también desde el círculo del secretario regional.
No creen en el PSOE extremeño que haya una colisión frontal con la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues el calendario actual de cierre fue pactado «libremente» por las propietarias en 2019 y el Gobierno «está cumpliendo con ello, y ahora está a la espera de que las empresas pidan la prórroga, cosa que aún no han hecho». «Nunca vamos a entrar en el chantaje fiscal. Las empresas piden bajar impuestos y la tasa Enresa. Nosotros no estamos a favor ni de bajárselos ni de reducir la tasa que pagan las eléctricas por un servicio, el tratamiento durante siglos de la basura radiactiva. Lo que no parece de recibo es que durante 40 años las dueñas hayan estado recogiendo enormes beneficios y ahora haya que pagar entre todos lo que cuesta tratar su basura. No puede ser que digan que quieren seguir funcionando, cuando lo que pretenden es seguir ganando dinero, pero si no les es rentable el negocio, es su problema», abundan en el PSOE extremeño.
En Transición Ecológica prefieren no adelantar escenarios, no pronunciarse sobre «hipótesis», dado que las eléctricas aún no han formalizado ninguna solicitud de prórroga
«Pedimos que la nuclear siga porque en Extremadura no es que haya muchas más alternativas empresariales, al menos hasta que se desarrollen proyectos que Vara dejó en marcha, como la gigafactoría para vehículos eléctricos de Navalmoral de la Mata, que se hallan paralizados ahora», remachan. Es decir, que la dirección de los socialistas extremeños cree que lo óptimo es una prórroga limitada, «hasta 2030«, para «ganar algo de tiempo» y que se asienten alternativas como la de la multinacional Envision-AESC, pero con las condiciones actuales con las que operan las eléctricas. «Extremadura no puede permitirse pasos en falso en su industrialización, y el problema es que la gigafactoría es solo un proyecto hoy, ya que las obras no están en marcha». En la federación son conscientes de que su posición no casa del todo con la del Ejecutivo, pero advierten de que su obligación es escuchar su territorio y, sobre el terreno, «los equilibrios son complicados«.
En Transición Ecológica rechazan anticipar cuál será su postura en caso de que las propietarias de Almaraz soliciten la prórroga. Y es que si dan el paso marcarían el camino, ya que es previsible que se abra el escenario de renegociación del calendario al completo. Así, se pospondría el apagado de todo el parque nuclear, llevándolo más allá de 2035. Y es que los nombres de las dueñas de las centrales se repiten. Ascó I es de Endesa (100%); Ascó II, de Endesa (85%) e Iberdrola (15%); Cofrentes, de Iberdrola (100%); Vandellòs II, de Endesa (72%) e Iberdrola (28%), y Trillo, de Iberdrola (49%), Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Endesa (1%). En el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, insisten en que no se quieren pronunciar sobre «hipótesis«, sobre futuribles que no han ocurrido, porque la petición de extensión de la vida útil de las nucleares no ha llegado.
«No tenemos uranio, pero sí sol y viento»
Pero la posición política es clara, manifestada reiteradamente esta semana. El propio Sánchez, al día siguiente del apagón, defendió las renovables de los primeros ataques que estaban recibiendo, culpándolas de haber provocado el colapso de la red. El presidente insistió en que las centrales, lejos de ser la «solución», habían sido el «problema», porque cinco reactores estaban «apagados» y fue necesario «desviar a ellos grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables», y porque fue una generación que se desconectó del sistema como el resto de tecnologías. «No fue más resiliente que el resto de fuentes» de energía, recalcó. Con el agravante, agregó, de que su proceso de reposición es más lento.
Nuestra posición es la de no alargar la vida de las nucleares», zanjan en el círculo de Sánchez. En el Ejecutivo hay quienes no ocultan su malestar con Gallardo: «Es otro Page, pero sin ganar elecciones»
El miércoles, la propia Aagesen defendía también las renovables, que han conseguido que España sea «un país mucho más competitivo, con precios más asequibles», y que permiten ganar en autonomía estratégica. «Hablamos de un recurso autóctono, el sol, el viento, que tenemos en nuestro país. Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y sí tenemos viento», señaló a los periodistas. Meses atrás, en febrero, la vicepresidenta tercera recordaba que el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en 2023, calcula los costes de gestión en más de 20.000 millones, «que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de quien contamina, paga«. «¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?», se preguntaba, interpelando a los titulares de los reactores.
«Nuestra posición es la de no alargar la vida de las nucleares«, zanjan desde el círculo de Sánchez, preguntado por la posición del PSOE extremeño. Pero en el Ejecutivo hay miembros que no ocultan su malestar con Gallardo, al que asimilan con la voz siempre díscola del presidente de Castilla-La Mancha. «Es otro [Emiliano] García-Page. Pero este sin ganar elecciones», apunta un ministro.
Esta semana, el debate sobre la energía atómica estará muy presente en el Congreso. El martes, porque el PP defenderá una proposición no de ley en la que pide «extender los años de operación» de las nucleares. El miércoles, Sánchez comparece para dar cuenta de su plan de seguridad y defensa y para explicar la crisis de electricidad sufrida el pasado lunes. Y el jueves, se someterá a convalidación el decreto ley antiaranceles, que el PP rechaza precisamente porque el Gobierno no quiere alargar el periodo de explotación de las centrales. Los populares esgrimen que el apagón les da más argumentos para que se prorrogue su vida útil.
En Ferraz insisten en que ya está prevista la inversión de 1.400 millones en Navalmoral: «Estamos seguros de que cuando se vea que el proyecto va para delante se disiparán los miedos. Pero sí, hay líderes territoriales del partido que tienen su agenda»
En Ferraz, mientras, defienden los planes del Ejecutivo, contrarios por tanto a la petición del PSOE extremeño. «En Navalmoral está ya prevista una inversión de 1.400 millones de euros, con ayuda de los fondos europeos Next Generation, y la fábrica absorberá el empleo que disminuirá en Almaraz gradualmente, a lo largo de los diez años que durará el desmantelamiento, y por tanto no habrá ningún problema con el cierre previsto en 2027. La empresa ya ha comprado los terrenos y pronto empezará la construcción de la planta. Sí que está en periodo de adaptación a las nuevas condiciones del mercado internacional provocadas por Donald Trump. Estamos seguros de que cuando se vea que el proyecto va para delante se disiparán los miedos y confiamos en que no haya ningún socialista que defienda la prolongación de la planta aceptando las pretensiones de las eléctricas. El PSOE extremeño pide la prórroga sin aceptar sus requisitos. Pero sí, hay líderes territoriales que tienen su agenda. Hay que echarle mucha paz y ciencia a la vida orgánica», indican desde la cúpula federal, reconociendo las diferencias con la dirección de Gallardo.
El compromiso de Ferraz con el cierre previsto de Almaraz en 2027 es total: los tiempos ya son «justos» y «el uso que el PP está haciendo del apagón para defender la nuclear no tiene el menor fundamento«. «La energía atómica es mucho más cara que la renovable y con nula flexibilidad: tardan mucho en recuperarse si se paran y además necesitan mucha energía para retomar la actividad. Del apagón se sacarán lecciones cuando se sepa de verdad qué lo ha motivado, pero claramente a favor de seguir avanzando en las renovables. Eso sí, con más almacenamiento», describen. El cero absoluto ha reverdecido el debate sobre las energías síncronas, las que aportan inercia, que son las convencionales (gas, nuclear, hidroeléctricas). Pero una medida que podría paliar esa falta de inercia de la fotovoltaica o la eólica podría ser el despliegue masivo de baterías de almacenamiento.
Esta semana el Congreso debatirá en el pleno los tres días de nucleares: con una moción del PP, en la comparecencia de Sánchez y en la convalidación del decreto antiaranceles
El choque entre Gobierno y Ferraz y el PSOE extremeño aún ha escalado porque quedan varios capítulos por delante. Para empezar, la decisión de Iberdrola, Endesa y Naturgy el 20 de mayo. Y, a partir de ahí, la decisión que solemnice Transición Ecológica. Pero lo que sí parece claro es que los relojes del partido en Madrid y en Extremadura no marchan en absoluto sincronizados.
