El Partido Popular Europeo (PPE) ha puesto negro sobre blanco su preocupación sobre España como puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. Por eso, en el congreso de Valencia que se clausuró este miércoles, ha aprobado una resolución que pretende endurecer las políticas migratorias y de asilo de la UE.
La larguísima crisis migratoria de Canarias y Ceuta ha facilitado que líderes nacionales del PP como Cuca Gamarra y Ana Alós, y otros europeos, como Esteban González Pons y Dolors Montserrat, defendieran un texto que atañe al vigente Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, y que ha acabado siendo aprobado.
El texto plantea que la norma para los solicitantes de asilo en los países frontera de la Unión ni siquiera sean aceptados en territorio comunitario, si proceden de un «tercer país seguro». «Por regla general, sus solicitudes de asilo deberían tramitarse en un tercer país seguro«, argumenta el escrito propuesto por el PP español.
El PP español lleva denunciando «la no política migratoria de Pedro Sánchez», que se ha traducido en una «emergencia humanitaria» en Canarias y Ceuta, mientras en otros países del sur, como Italia, Grecia o Malta, se han reducido las entradas en más de un 50%.
Si a eso se añade que el Gobierno español se ha negado a pedir la asistencia de Frontex o a activar el Mecanismo de Solidaridad Europeo ofrecido hace ocho meses por Ursula von der Leyen, estaba claro que el congreso del PPE iba a tomar cartas en el asunto.
Según el texto aprobado, todos los países de la UE deben estar obligados a «elaborar listas nacionales de países seguros, siguiendo el modelo establecido por otros Estados miembros», como el italiano y el danés, «para agilizar la tramitación de solicitudes de asilo infundadas».
Aunque propone que la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) «debe proporcionar apoyo» técnico y operativo para reducir los plazos de tramitación, el documento exige a los gobiernos de la Unión Europea reducir de este modo «los incentivos para la migración ilegal».
Cambio de visión
Lo cierto es que este debate ya se dio hace ahora un año y dos meses, en el anterior congreso del PPE, celebrado en Bucarest. «Pero el mundo gira, las cosas han cambiado, y la política es adaptación«, explica una fuente europea del PP.
Allí se aprobó el manifiesto (programa electoral) de los populares europeos para las elecciones del 9-J y se confirmó a Ursula von der Leyen como candidata a la Comisión. Aquel texto ya planteaba la posibilidad de que la UE basara su nueva política migratoria en desviar a los solicitantes de asilo «a terceros países seguros».
La idea se diferenciaba de los programas británico y danés en el adjetivo «seguros» para esos terceros países, es decir, externos a la UE. Pero la filosofía era la misma que la que aplica ahora el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Italia, gracias a su acuerdo con Albania.
La idea, entonces, provocó tensiones entre el presidente del PPE, Manfred Weber, y Von der Leyen, ambos alemanes, pero con visiones muy distintas en la materia. De hecho, la delegación española, entonces, no se mostraba partidaria de esta posición, que ahora no sólo defiende, sino que pretende endurecer.
Ahora mismo, según la última propuesta de la Comisión Von der Leyen, las personas migrantes que solicitan protección internacional pueden ser enviadas a centros de deportación de terceros países seguros sólo después de que se les haya denegado una solicitud de asilo. Sin embargo, el PPE ahora propone utilizar esos acuerdos externos como la norma habitual.
Deberes para 14 gobiernos
Según fuentes del PP, el texto de la resolución está en línea con las posiciones adoptadas por el Grupo en el Parlamento Europeo y el programa del PPE para las elecciones europeas del año pasado. Las mismas fuentes indican que esta vuelta de tuerca también «parte también de la Carta de Misión» entregada por Von der Leyen al comisario responsable de las políticas de migración.
Pero lo cierto es que va un paso más allá, y los cuatro ponentes del PP español se basan en el Protocolo Italia-Albania.
La iniciativa del Gobierno italiano de Meloni (que vicepreside Antonio Tajani, líder popular en Italia), establece la primera vía «legal», según el PP español, para derivar peticiones de asilo a un país tercero, bajo ciertas condiciones.
En primer lugar, al ser solicitantes rescatados en aguas internacionales, fuera por tanto de la legislación comunitaria. Y en segundo lugar, al ser solicitantes cuyas características de nacionalidad, o por la motivación de su solicitud de asilo, estarían «sujetos a un procedimiento de asilo en frontera», que es el diseñado «para casos con escasas posibilidades de recibir una respuesta positiva».
Así, la resolución contiene otras exigencias para los líderes del PP Europeo, que cuenta ya con 14 primeros ministros de los Veintisiete, todos ellos presentes estos días en Valencia.
Esencialmente, que se comprometan a «acelerar» la entrada en vigor completamente del Pacto Migratorio de la UE. Con el doble objetivo de que «el principio de solidaridad y distribución justa de responsabilidades entre los Estados miembros» se traduzca en un reparto de migrantes ilegales y mayores aportaciones financieras.
También le ponen deberes al Ejecutivo comunitario. La resolución del PPE reclama a la Comisión que desarrolle su propuesta para un Sistema Europeo Común para el Retorno de migrantes. Y le instan a que desarrolle «políticas innovadoras adicionales» como la construcción de «centros de recepción para solicitantes de asilo» en esos terceros países seguros.
«Se necesita un aumento significativo de los recursos técnicos y humanos para fortalecer la vigilancia fronteriza», añade el documento.
Y propone el uso de drones, tecnologías satelitales y una mayor presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) «en las fronteras exteriores de la UE». Justo lo que rechaza el Gobierno español.
Y le exigen a Von der Leyen que «negocie y concluya acuerdos» con todos los países de tránsito u origen relevantes, «especialmente de la costa atlántica», para que Frontex pueda patrullar en sus aguas, «siguiendo el modelo ya implementado en los Balcanes».
El texto exige «transparencia en la gestión de la migración y el asilo» a los gobiernos de la UE, esencialmente al español. «Hacemos un llamamiento para que hagan públicos sus Planes Nacionales de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo».
El documento, de hecho, lamenta que el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez no sea público y que «al elaborarlo, el Gobierno español no consultara con los gobiernos regionales, que son responsables de la recepción de menores no acompañados».
